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El Estado colombiano, a través de sus abogados, comenzó a responder a los argumentos que expuso Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la supuesta violación de sus derechos en el mar Caribe por parte de Colombia.
Ante el alto tribunal, un representante de la comunidad raizal intervino ante la CIJ. Se trata de Kent Francis James, quien es miembro del equipo defensor de Colombia.
En su discurso, Francis Jame se propuso describir “el contexto humano, histórico, social y ambiental” que rodean el caso y que según afirmó “es necesario tener en cuenta al evaluar las reclamaciones y contrademandas de las partes”.
“Los raizales dependen de los derechos de pesca tradicionales que se extienden por las grandes zonas marítimas que se cuestionan en este caso”, afirmó en su discurso.
En su argumentación hizo un recorrido histórico desde los tiempos en que los holandeses y los ingleses llegaron al archipiélago en las primeras décadas del siglo XVII. Desde entonces, dijo, “el mar es un espacio vital para los raizales, una ruta comercial para los pueblos criollos del suroeste del Caribe. Es su patrimonio económico. El mar es también su patrimonio cultural”.
“Los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen un vínculo natural con el mar: viven de él y lo consideran parte de su hábitat natural. Cualquier restricción a sus tradiciones históricas y culturales tendría un impacto significativo y negativo en su forma de vida e identidad”, dijo ya al final de su intervención.
Este argumento ha sido una reiteración del Estado colombiano, -dijo un analista internacional al Noticiero Nacional Digital- que ha defendido que los habitantes de las islas puedan pescar en las zonas marítimas aledañas a las islas sin ninguna restricción, pese a que en su fallo de 2012 la Corte le dio esa jurisdicción a Nicaragua
