Bogotá, marzo de 2026. News Press Service. En la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá se llevó a cabo un debate de control político sobre la enajenación de acciones del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), en el que la concejala Ana Teresa Bernal Montañez, de la bancada Colombia Humana – Pacto Histórico, trazó una línea política clara: la actual decisión de venta no es aislada, sino la continuidad de varias administraciones que han venido debilitando el control público sobre la empresa.
“Esto no empezó hoy. Esta es la historia de cómo distintas administraciones, desde los años 90 hasta hoy, han ido desmontando el control público del GEB”, afirmó.
Bernal explicó que el proceso se remonta a la transformación de la Empresa de Energía de Bogotá entre 1995 y 1997, durante la administración de Jaime Castro y continuado en el periodo de Antanas Mockus, cuando la empresa se convierte en una sociedad por acciones y se abre la puerta a la participación privada.
Posteriormente, durante la administración de Enrique Peñalosa, se consolida el modelo de apertura al capital privado, entregando cerca del 49% de participación a inversionistas, mientras el Distrito conservaba el 51%. “Ahí inicia formalmente la pérdida de soberanía sobre un activo estratégico”, señaló.
La concejala fue enfática en que uno de los momentos más críticos se da con el Acuerdo 651 de 2016, aprobado durante la segunda administración de Enrique Peñalosa, que autorizó la enajenación de hasta el 20% de las acciones del GEB. Como resultado, se materializó la venta del 10,6%, reduciendo significativamente la participación del Distrito.
A esto se suma la administración de Claudia López Hernández, en la que, según Bernal, se promovieron reconfiguraciones empresariales que afectaron la estructura del grupo y diluyeron aún más el control accionario, incluyendo la creación de nuevas empresas y reorganizaciones internas.
Hoy, bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, se impulsa la venta del 9,4% restante autorizado, lo que llevaría al Distrito a perder la mayoría absoluta, quedando con apenas el 42,5% de participación.
“Es la continuidad de un mismo modelo, con distintos nombres, pero con el mismo resultado: Bogotá pierde control, pierde ingresos y pierde capacidad de decisión”, afirmó Bernal.
En términos financieros, la concejala cuestionó duramente la medida: “El GEB genera aproximadamente $3,18 billones anuales en utilidades. La administración de Carlos Fernando Galán pretende vender el 9,4% por cerca de $2 billones. Es un mal negocio para la ciudad: pan para hoy y hambre para mañana”.
Además, subrayó que esta decisión se da en un contexto de alta disponibilidad de recursos. La actual administración cuenta con más de $122 billones aprobados, incluyendo $9,6 billones de cupo de endeudamiento, $960 mil millones en armonización presupuestal y presupuestos que ascienden a $33,2 billones (2024), $38,4 billones (2025) y $40,4 billones (2026).
“No hay crisis fiscal que justifique esta venta. Lo que hay es una decisión política de seguir debilitando lo público”, insistió.
Bernal también denunció las consecuencias del modelo implementado a lo largo de estas administraciones: cerca del 80% de los trabajadores del GEB están tercerizados; existe un rezago en infraestructura con proyectos clave retrasados por más de 12 años; no hay modernización tecnológica suficiente; y las tarifas de energía siguen aumentando sin estabilidad ni reducción para los usuarios.
“Desde que inició este proceso de privatización en los años 90, jamás hemos visto una disminución tarifaria real. Por el contrario, los ciudadanos pagan más por un servicio que no mejora en la misma proporción”, señaló.
Finalmente, la concejala Ana Teresa Bernal Montañez advirtió que lo que está en juego no es solo una decisión financiera, sino el futuro estratégico de la ciudad: “Cada administración ha aportado a este desmonte.
Hoy, el alcalde Carlos Fernando Galán tiene la responsabilidad
