El nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero deberá ser sancionado por el presidente de la República, por tardar, este 20 de junio. De lo contrario, el país se enfrentará a un vacío constitucional que frenará las acciones de lucha contra el contrabando.
La sentencia C 072 de 2025 de la Corte Constitucional dictaminó que el actual Régimen Sancionatorio Aduanero estará vigente hasta este 20 de junio de 2026 y dejó en manos del Congreso de la República la responsabilidad de expedir una ley en la materia.
El papel del Congreso como garante del interés público es fundamental para asegurar la consolidación de un marco normativo que impacte de manera directa la legalidad y la competitividad en el comercio exterior colombiano.
Bogotá, D.C., mayo de 2026. News Press Service. Tras el aplazamiento del primer debate en comisiones segundas conjuntas del Congreso del proyecto de ley del Régimen Sancionatorio Aduanero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) hace un llamado a las mesas directivas de Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que den continuidad al trámite de la iniciativa, dentro de los tiempos del calendario legislativo.
“A pesar de la votación positiva de la ponencia unificada, hoy se hizo el anuncio de continuar con la sesión en otro momento, como Gobierno confiamos en la responsabilidad del Congreso de la República con el país para sacar adelante este Régimen Sancionatorio Aduanero, que es una ley absolutamente importante y necesaria para el comercio exterior.
Confiamos en el compromiso de las comisiones segundas para que efectivamente sea citada la sesión de continuación lo más pronto posible y se puedan cumplir estos términos perentorios”, afirmó Carlos Emilio Betancourt, director general de la entidad.
El nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero deberá ser sancionado por el presidente de la República, por tardar, este 20 de junio, lo que representa que el proyecto de ley deberá surtir su trámite de votación y aprobación en el Congreso antes del 10 de junio.
De lo contrario, el país se enfrentará a un vacío constitucional que frenará las acciones de lucha contra el contrabando, de ahí la importancia de que el Congreso de la República no dilate la aprobación de esta iniciativa.
“Sería un escenario realmente grave pues el país estaría en condiciones de imposibilidad de ejercer el control aduanero.
Acciones de lucha contra el contrabando como las aprehensiones, los decomisos y la liquidación de sanciones no se podrían adelantar, de manera que entraríamos en un estado inconstitucional del Régimen Aduanero vigente generando imposibilidad de ejercer la autoridad aduanera en el país y eso sería inaceptable, inconveniente y realmente grave para las condiciones del comercio exterior colombiano, para las personas que ejercen legalmente el comercio y para el país en general”, dijo Betancourt.
La ponencia unificada que fue radicada ante el Congreso refleja un consenso sólido en torno a la necesidad de contar con un régimen sancionatorio moderno, claro y proporcional, que fortalezca el control aduanero, combata de manera efectiva prácticas como el contrabando y el fraude, y brinde mayor seguridad jurídica a quienes cumplen la normatividad.
Su contenido también responde a los mandatos constitucionales y contribuye a la protección de la economía formal y del interés general.
