La bancada del Pacto Histórico presentó ante el Congreso el proyecto que desarrolla por primera vez el artículo 53 de la Constitución de 1991 y propone nuevas garantías para millones de trabajadoras y trabajadores en Colombia.
La iniciativa eleva a ley estatutaria el salario vital, fortalece la libertad sindical, protege a los trabajadores frente a la inteligencia artificial, combate la tercerización ilegal y amplía los derechos laborales para responder a los retos del siglo XXI.
Con este proyecto, el Gobierno del Cambio deja al país una propuesta que busca que el trabajo digno sea una política de Estado y no dependa de los cambios de gobierno.
BOGOTÁ D.C., julio de 2026. News Press Service. La bancada del Pacto Histórico, con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo y el respaldo del Gobierno del Cambio, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Estatuto del Trabajo, una iniciativa que desarrolla, por primera vez en 35 años, el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 y cumple un mandato constitucional que permanecía pendiente desde la expedición de la Carta Magna.
Cuando los colombianos aprobaron la Constitución de 1991, el artículo 53 ordenó crear un Estatuto del Trabajo para reunir en una sola ley los principales derechos de quienes viven de su trabajo. Tres décadas después, esa tarea seguía pendiente.
Hoy, el Gobierno da ese paso y deja al país una propuesta para actualizar las reglas laborales de acuerdo con las nuevas realidades económicas, sociales y tecnológicas.
«Durante más de treinta años los trabajadores esperaron que este mandato de la Constitución se hiciera realidad. Hoy el Gobierno del Cambio le cumple al país con una propuesta que pone la dignidad del trabajo en el centro del desarrollo, fortalece derechos y deja un legado para las próximas generaciones de colombianos.», afirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.
Uno de los cambios más importantes que plantea el proyecto es la incorporación del salario vital a la ley estatutaria, lo cual busca que el ingreso de los trabajadores alcance para cubrir las necesidades básicas de una familia con dignidad.
Para fijarlo, el proyecto propone que siempre se tengan en cuenta el costo de vida, la productividad de la economía y las necesidades reales de los hogares colombianos, garantizando además que el salario mínimo nunca pierda poder adquisitivo frente a la inflación.
El Estatuto también fortalece la libertad sindical y la negociación colectiva, protege a quienes deciden organizarse para defender sus derechos y establece mayores garantías para que el diálogo entre trabajadores y empleadores sea la principal herramienta para resolver los conflictos laborales.
Pensando en los nuevos retos del mundo del trabajo, la iniciativa incorpora reglas para el uso de la inteligencia artificial en las empresas. Si una decisión laboral es tomada por un algoritmo, el trabajador tendrá derecho a conocer cómo se tomó esa decisión y a pedir que una persona la revise. Además, ningún trabajador podrá ser despedido únicamente por una decisión automatizada.
El proyecto también busca cerrar la puerta a prácticas que durante años han afectado los derechos laborales.
Fortalece las herramientas para combatir la tercerización ilegal cuando se utiliza para esconder verdaderas relaciones de trabajo y evadir el pago de prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y demás obligaciones laborales.
La iniciativa incluye además nuevas garantías para las trabajadoras domésticas, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la población migrante y los adolescentes que pueden trabajar bajo condiciones especiales, al tiempo que refuerza la prohibición del trabajo infantil.
Otro de los avances es la creación del Sistema Nacional del Cuidado, que permitirá fortalecer el apoyo a niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad mediante un esfuerzo compartido entre el Estado, los empleadores y los trabajadores, reconociendo la importancia de las labores de cuidado para el desarrollo del país.
El proyecto también protege a los trabajadores que puedan verse afectados por la transición energética, fortalece las funciones de inspección del Ministerio del Trabajo para vigilar el cumplimiento de la ley y reafirma el derecho de todas las personas a trabajar en ambientes libres de violencia y acoso.
Finalmente, el Estatuto propone una garantía de largo plazo: que ningún derecho laboral reconocido en esta ley pueda ser reducido por normas posteriores.
El propósito es que Colombia siga avanzando en la protección del trabajo y no retroceda en las conquistas alcanzadas.
Con la radicación de esta iniciativa, el Gobierno del Cambio deja en manos del Congreso de la República una propuesta que busca saldar una deuda histórica con la Constitución de 1991 y abrir un nuevo capítulo para el mundo del trabajo en Colombia.
Su discusión será una oportunidad para que el país defina el futuro de las relaciones laborales bajo principios de dignidad, justicia social y diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.
