Bogotá, septiembre de 2026. News Press Service. El presidente Abelardo de la Espriella ha flexibilizado el porte de armas en Colombia.
Ahora los ciudadanos que tienen dicho permiso, que son cerca de 700.000, podrán sacar sus armas de sus casas y llevarlas permanentemente con ellos, una autorización que había sido suspendida reiteradamente por los distintos presidentes que ocuparon la Casa de Nariño desde 2015.
“Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, ha asegurado el mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales.
De la Espriella ha aclarado que con esta disposición no se crea una política de porte indiscriminado de armas —que necesitaría pasar por el Congreso—, pues se mantienen los controles, requisitos y permisos que exigen las autoridades para establecer qué personas son aptas para llevar una pistola.
“Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, ha explicado el mandatario. Aunque cualquier ciudadano que cumpliera unos requisitos básicos, entre ellos haber realizado un curso de manejo de armas, podía solicitar un permiso de tenencia, con la restricción anterior solo podía poseer un arma, mas no llevarla consigo.
Esa es la principal novedad: ahora los ciudadanos con salvoconducto pueden ir armados.
Mediante el decreto 1368, publicado este 8 de septiembre, el Gobierno vuelve a dejar plenamente vigente un sistema con más de 30 años, creado por un Decreto Ley en 1993.
En él se determinó que quienes quisieran portar un arma debían primero demostrar ante las autoridades su idoneidad física y mental, para así conseguir un permiso.
En 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos suspendió temporalmente el porte, pues los estudios indicaban que llevar un arma aumentaba la disposición a usarla, y por ello incidía en las cifras de heridos y muertes violentas.
Sus sucesores, el derechista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, pese a sus diferencias políticas, mantuvieron esa suspensión, que promovía el desarme de la población civil colombiana, en un país donde en 2025 se registraron 14.780 homicidios, el año más violento en este indicador de la última década.
De la Espriella, en cambio, ha defendido una narrativa de lucha del bien contra el mal, en línea con los republicanos en Estados Unidos, y sostiene que las armas deben estar en manos de los “ciudadanos decentes” para combatir a los delincuentes.
Con esta decisión, De la Espriella cumple una de sus promesas de campaña, que tuvo como bandera la mano dura contra el crimen. “La palabra de un hombre es su honor, y yo tengo honor. Por eso cumplo mi palabra”, dijo en un video en el que se le ve firmar el decreto.
Durante la grabación aseguró que en Colombia el 99,9% de los delitos se cometen con armas que no tienen permiso, es decir, que son ilegales, sin especificar de qué entidad proviene dicha cifra.
Varios miembros del partido uribista Centro Democrático salieron a celebrar la decisión, que no lograron que fuera tomada por el expresidente Iván Duque, pese a la presión y a su cercanía con ese sector político.
El representante por el Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta, aseguró que “no hay mejor manera de tener a un hombre malo armado que con un hombre bueno armado”; el senador Hernán Cadavid aclaró que “no se trata de una venta libre de armas, se trata del uso de un instrumento de defensa bajo el más estricto control”, mientras que el representante por Risaralda, Durguez Espinosa, recordó una carta que le había enviado a De la Espriella el 6 de agosto pidiéndole que levantara la suspensión, bajo el argumento de que 600.000 armas con salvoconducto habían quedado fuera de circulación tras el proceso de paz de Santos, frente a más de 3 millones de armas que asegura siguen en poder de la delincuencia.
El senador Ariel Ávila, del partido de centro Alianza Verde, ha cuestionado la medida, principalmente porque asegura que la mayoría de las armas terminan en manos de grupos criminales. “Es un grave error”, dice en un video publicado en sus redes sociales. En él, da varios argumentos: sostiene que en todo el mundo está comprobado que allí donde los civiles portan armas, gran parte de ellas termina en manos de organizaciones criminales, bien sea por robo o por falta de seguimiento.
“Todas las armas de los grupos criminales en algún momento fueron legales, y se perdió su trazabilidad”, explica.
Ávila pone como ejemplo el caso de Ecuador, donde el expresidente de derecha Guillermo Lasso suavizó el porte de armas y la mayoría de ellas terminaron en bandas como Los Choneros o Los lobos.
“Hoy, de las ciudades más violentas del mundo, Ecuador tiene 6 en el top 10”, apunta.
Finalmente, señala que el levantamiento de las restricciones plantea un debate ético y constitucional, pues es el Estado el que debe tener el monopolio de la fuerza y de la violencia, y no los civiles: “La justicia por mano propia no es de un Estado de derecho, así que esto sale muy mal”, concluye.
Para Hugo Acero, quien fue subsecretario de Seguridad de Bogotá y es experto en temas de seguridad urbana, el problema no es tanto que las armas puedan terminar en manos criminales, ya que “el mercado ilegal de armas es tan grande que es poco con lo que el armamento legal contribuye”.
Su principal reparo consiste en que el hecho de que el Estado les dé a sus ciudadanos el poder sobre las armas es un reconocimiento de facto sobre su incapacidad para garantizar su protección.
“Es entregarle las armas a la gente para que se pueda defender”, asegura en una entrevista telefónica. Además, “los delincuentes saben para qué tienen un arma. Hay muchos ciudadanos que tienen armas amparadas que no saben ni siquiera utilizar”.
En muchos casos, advierte Acero, un arma se convierte en un instrumento que puede llegar a “solucionar” problemas de manera rápida: una disputa, un malentendido o un accidente de tránsito. Cuando hay armas de por medio, una riña entre amigos o entre desconocidos puede terminar en muertos y lesionados.
Para él, el porte de armas podría incluso llegar a configurar una violación del derecho a la igualdad: dos ciudadanos se pueden encontrar en una situación inesperada, solo que uno está armado y el otro indefenso.
Al final, “es el traslado de la pena de muerte a manos de particulares”. Acero lo explica así: “Cuando tú tienes un arma, tú haces toda la función del Estado: juzgas si es amigo o enemigo, y muy rápidamente determinas si es culpable o no culpable, si te gusta o no te gusta. Y defines una pena en cuestión de segundos”.
