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Por Gerney Ríos González
En el 2011 fueron desplazadas 222.222 personas, en promedio 777 colombianos por día llegaron echados a 808 municipios de los 32 departamentos del país tricolor. La situación de desalojos forzados, similar a Sudan y Ruanda, naciones que presentan a nivel global cifras espeluznantes.
En Colombia, año 2012, la media de sacados de su lugar de origen alcanzó los 4.444.444, casi el 10% de la población, lo anterior, pese a la sentencia T-025 del 2004 de la Corte Constitucional, que obliga a los gobiernos a tomar medidas de manera coordinada, tendientes a superar las fallas estructurales que entorpecen una atención pronta y oportuna, verbigracia, la situación de caos por la que atraviesan los indígenas Nukak, que se encuentran en vía de extinción física y cultural, producto de la violencia.
Por autos proferidos en 2009 y 2012, la Corte Constitucional ordenó un plan de salvaguardia, obligando al Estado a devolverle el territorio a los Nukak, entregándoles todas las garantías en educación, alimentación, salud, transporte y vivienda, decisiones judiciales que hasta el 2021 constituyen un canto a la bandera, reposando en un descanso eterno.
Los autos son las providencias de los magistrados-jueces, relacionados con las dinámicas de los procesos interlocutorios y de seguimiento, cuyo fin es darles continuidad a las órdenes impartidas en la sentencia, solicitar informes, acciones concretas y establecer indicadores de gestión.
En el auto 266/17 se realiza una evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas Inconstitucionales declarado mediante sentencia T-025 del 2004, precisando que la situación es nefasta para las comunidades indígenas y étnicas. El Auto 004, referencia proteger los derechos fundamentales de los pueblos milenarios, autóctonos, aborígenes, desplazados por el conflicto armado, la economía subterránea o en riesgo de desalojo forzado.
Los Nukak, estimado el último pueblo nómade-errante del continente, familia milenaria que vive en la amazonia-orinoquia, entre los ríos Guaviare e Inírida y desde el caño Makú a caño Caparroal, ubicados en los departamentos del Guaviare y Guainía con extensiones cada uno de 52.952 y 72.238 kilómetros cuadrados, están en total abandono, con centros de salud absolutamente aniquilados, sin escuelas, los niños toman clase en suelo-tierra, a la intemperie, muriendo de gazuza, física hambre, en quebrantamiento de lo estipulado dos lustros atrás por la Corte Constitucional a los respectivos gobiernos de regresarlos a su ancestral territorio con todas las garantías alimentarias, de vivienda, seguridad totales, salud y educativas, acatando lo fundamental y trascendental de ellos.
Los Nukak fueron despojados de su espacio autóctono por las armas fratricidas de los grupos al margen de la ley en los inicios del siglo XXI, sin poder retornar a su gran reserva eco-ambiental por la guerra desatada por los capos de la economía catacumba, sembradores de cultivos ilícitos e inundados de campos minados.
En las primeras dos décadas del tercer milenio subsisten en micro-asentamientos, en un proceso humillante y violatorio de los 47 artículos de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, de la cual Colombia es pionera. Los Nukak han perdido su identidad, conservan sus entonaciones que en la noche se transforma en tristeza, llorando por los que se han marchado, a la espera que su espíritu retorne.
La edad en los Nukak no tiene añadas, solo son niños, jóvenes, adultos o ancianos. Dedicados a la recolección y caza cenvenenados, de acuerdo a sus propias estaciones, paralelas con el régimen de lluvias, acampando por breves temporadas.
Permanecieron aislados de su entorno territorial nativo durante 66 años en el siglo XX por el temor al canibalismo de los blancos y otros aborígenes. Antes de la covid-19, la malaria y la gripa, los diezmó por la presencia de alemanes y franceses. Nocaut a los Nukak.
