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FMI
Por Rafael Machado Parente y Rodrigo Valdés
El crimen y la violencia han sido durante mucho tiempo una de las principales preocupaciones de los hogares de América Latina y el Caribe. La región representa casi la mitad de las víctimas de homicidio intencional del mundo, a pesar de representar poco más del 8 por ciento de la población mundial, según muestran datos de las Naciones Unidas.
La tasa promedio de homicidios en la región es diez veces mayor que la de otros mercados emergentes y economías en desarrollo y dos veces mayor que la del África subsahariana.
Dentro de la región, Centroamérica destaca como la subregión más violenta. La inseguridad también ha empeorado con el tiempo, especialmente en algunas partes de la región. Por ejemplo, Centroamérica y el Caribe han experimentado aumentos anuales en las tasas de homicidio de alrededor del 4 por ciento en las últimas dos décadas.
La delincuencia afecta directamente la vida de millones de personas e impone grandes costos sociales. Debido a que existe una delicada interacción entre la actividad económica y el crimen, no es fácil determinar los efectos causales. Una mayor actividad económica reducirá la delincuencia, pero una menor delincuencia, a su vez, impulsará la actividad económica. Otro factor, como la fortaleza del Estado de derecho, también afectará a ambos.
Nuestro estudio reciente muestra que los aumentos en las tasas de homicidio reducen significativamente el crecimiento económico. En América Latina, se estima que un aumento del 30 por ciento en las tasas de homicidio (equivalente a una desviación estándar histórica de reducirá el crecimiento en 0,14 puntos porcentuales. Nos basamos en trabajo previo del FMI en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana utilizando datos sobre deportaciones criminales desde Estados Unidos para descubrir el efecto causal del crimen. sobre la actividad económica.
Nuestro estudio destaca los diferentes canales a través de los cuales la inseguridad afecta el crecimiento económico. Las estimaciones muestran que la delincuencia obstaculiza la acumulación de capital, al posiblemente disuadir a los inversores que temen el robo y la violencia, y reduce la productividad, ya que probablemente desvía recursos hacia inversiones menos productivas, como la seguridad del hogar.
Los beneficios de reducir la violencia pueden ser sustanciales. Según el estudio, reducir el nivel de criminalidad en América Latina al promedio mundial aumentaría el crecimiento económico anual de la región en 0,5 puntos porcentuales, aproximadamente un tercio del crecimiento de América Latina entre 2017 y 2019. Además, enfrentar la inseguridad allí donde es más prevalente parece tener mayores beneficios. Por ejemplo, cerrar completamente la brecha de criminalidad en los países con las tasas de homicidio más altas podría elevar el crecimiento de su producto interno bruto en alrededor de 0,8 puntos porcentuales.
Gasto más inteligente en seguridad
Los gobiernos de América Latina ya están asignando una parte considerable de sus recursos al orden y la seguridad públicos. No sorprende que se produzca un mayor gasto en países con mayores tasas de criminalidad; países como El Salvador y Jamaica ya gastan más del 2 por ciento de su PIB en este asunto.
Si bien este gasto sustancial puede ser necesario para mitigar y disuadir el crimen, también sugiere que la implementación de estrategias más efectivas podría liberar recursos significativos para otras prioridades de gasto.
La Plataforma basada en evidencia de seguridad y justicia del BID es un recurso valioso para obtener evidencia científica sobre la efectividad de las soluciones de seguridad y justicia existentes. La plataforma destaca, por ejemplo, que hay poca evidencia de que las tecnologías de reconocimiento de matrículas de vehículos reduzcan la violencia relacionada con el transporte, mientras que las políticas de impuestos y precios del alcohol reducen efectivamente la violencia en algunos casos.
La delincuencia es un problema económico y social con consecuencias de largo alcance y una variedad de raíces entrelazadas. Si los gobiernos de la región pudieran priorizar estrategias de lucha contra el crimen más efectivas, estas no sólo mejorarían la seguridad pública sino también el potencial económico de la región.
Esto subraya la importancia de la colaboración entre los formuladores de políticas, las instituciones financieras internacionales, el mundo académico, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado para encontrar formas de abordar este importante obstáculo al crecimiento en la región.
