Por José Arévalo
Bogotá, mayo de 2025. News Press Service. La consulta popular propuesta por el gobierno de Colombia para que el constituyente primario decida por una profunda reforma laboral avanza en su fase de pedagogía, es decir que la gente se debe enterar expresamente de las preguntas que contiene la iniciativa.
La senadora del partido Pacto Histórico, Clara López, ha explicado que el ejecutivo central busca es devolverle al trabajador sus derechos suspendidos en el año 2002, cuando el gobierno de la época suspendió las horas extras y el pago de domingos y días feriados, supuestamente, para superar una crisis económica, “se superó la crisis, pero no creció el empleo y los empresarios se quedaron con esas prerrogativas”.
Por ejemplo, dijo, al referirse al pago por prácticas de estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje, “porque, como todo trabajo, debe recibir su remuneración”.
La senadora exteriorizó su respaldo a la consulta popular indicando que es fundamental la masiva participación ciudadana, “porque quien no vota, no tiene derecho a reclamar por no utilizar los derechos que brinda la democracia amparada en la constitución y la ley”.
TRABAJADORES
También se conoció que, ante el bloqueo institucional contra las reformas sociales, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha decidido constituirse en un Comité de Impulso de la Consulta Popular e invita a las organizaciones sociales y a sus filiales en todo el país a sumarse a esta iniciativa.
En el Congreso de la República se ha impedido el avance de leyes fundamentales al no aprobar el presupuesto, el financiamiento y otras normativas esenciales para que el Gobierno pudiera ejecutar inversiones económicas y sociales clave.
Más recientemente, el 18 de marzo, la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma laboral, truncando las aspiraciones de millones de trabajadores y trabajadoras que buscan recuperar sus derechos, deteriorados tras décadas de políticas neoliberales y proempresariales.
Esta misma comisión deberá decidir próximamente sobre la reforma a la salud, que será nuevamente radicada. Sin embargo, el antecedente no es alentador: el 3 de abril del año pasado, la primera versión de esta reforma también fue rechazada.
Al mismo tiempo, en la Corte Constitucional se debate la ponencia negativa del magistrado Ibáñez sobre la ley pensional, magistrado que ha sido recusado por la CUT debido a su postura adversa a los intereses de los trabajadores.
Estos hechos evidencian un bloqueo institucional que obstaculiza el avance de las reformas sociales promovidas por el gobierno de Gustavo Petro, reformas que han sido ampliamente respaldadas por la ciudadanía y por las movilizaciones populares y producto de las reivindicaciones del estallido social.
Frente a esta situación, la CUT reafirma su compromiso con las reformas del cambio y llama a la ciudadanía a rechazar las maniobras del Congreso y la Corte Constitucional que buscan frenar estos avances sociales.
La gran movilización del pasado 18 de marzo demostró el apoyo popular a estas transformaciones, y en caso de que el bloqueo persista, el Gobierno ha anunciado la consulta popular como un mecanismo democrático para superar esta oposición institucional y convocar al pueblo, el constituyente primario.
La consulta popular, junto con acciones de socialización, pedagogía y debate político e ideológico, representa una oportunidad para que la ciudadanía comprenda los intereses que están en juego.
Por un lado, la defensa de los privilegios de las élites económicas y oligárquicas que controla la mayoría del Congreso; por otro, la lucha de los sectores populares, democráticos y progresistas que reclaman los cambios que Colombia necesita.
Desde la CUT, dicen, “reafirmamos nuestro compromiso con este proceso y hacemos un llamado a la movilización en defensa de las reformas sociales”.
