Bogotá, julio de 2026. News Press Service.En el marco del debate de control político sobre la atención a las víctimas del conflicto armado residentes en la capital, el concejal José Cuesta Novoa, del Pacto Histórico, advirtió que Bogotá podría enfrentar una nueva ola de desplazamiento forzado si el país retorna a una política basada en la confrontación armada.
El cabildante recordó que actualmente más de 400.000 víctimas del conflicto armado residen en Bogotá, y aseguró que el escenario que se configura a nivel nacional con la llegada del nuevo gobierno podría hacer que este número se incremente de manera dramática en los próximos meses.
«No es una visión catastrofista; es una advertencia sustentada en lo que hoy ocurre en los territorios. Si continúan las amenazas contra líderes sociales, campesinos y beneficiarios de la reforma agraria, Bogotá podría pasar de tener 400.000 víctimas a cerca de un millón en un año», afirmó.
Cuesta condenó las amenazas de muerte contra dirigentes políticos, líderes sociales y reclamantes de tierras, así como las intimidaciones que enfrentan familias beneficiarias de la reforma agraria, quienes, según denunció, están siendo presionadas por estructuras armadas ilegales para abandonar los predios adjudicados por el Estado.
El concejal sostuvo que la mejor forma de cerrar el ciclo de nuevas víctimas es fortalecer una política de seguridad humana, centrada en la protección de la vida, los derechos humanos y la búsqueda de soluciones políticas al conflicto.
En ese sentido, expresó su preocupación por los anuncios sobre la nueva política de seguridad nacional, particularmente frente a la creación de las denominadas «primeras líneas de seguridad», la participación de reservistas y veteranos de la Fuerza Pública en tareas de seguridad urbana y la posibilidad de modificar el modelo implementado con la creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que reemplazó al ESMAD.
Durante su intervención señaló que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, el nuevo modelo permitió reducir significativamente el uso de la fuerza en escenarios de protesta social, evitando graves violaciones a los derechos humanos. «Las políticas de seguridad no pueden medirse en litros de sangre, sino por su capacidad para proteger la vida, garantizar los derechos fundamentales y preservar el ejercicio constitucional de la protesta pacífica», enfatizó.
Finalmente, José Cuesta afirmó que el Distrito debe prepararse para un eventual incremento en la demanda de atención a las víctimas del conflicto armado y advirtió que respaldar estrategias centradas en la guerra y la militarización podría traducirse en un aumento del desplazamiento forzado, las desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos.
