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CEPAL
A pesar de estos avances, 172 millones de personas en América Latina y el Caribe aún no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y 66 millones de ellas no pueden comprar una canasta básica de alimentos, según el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024: Los desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia un desarrollo social inclusivo.
El porcentaje de la población de América Latina en situación de pobreza en 2023 fue de 27,3%, lo que representa una disminución de 1,5 puntos porcentuales respecto del año anterior y de más de 5 puntos porcentuales respecto de 2020, el año más crítico de la pandemia de COVID-19.
Se trata, además, del valor más bajo registrado desde que se tienen registros comparables. En tanto, la tasa de pobreza extrema alcanzó a 10,6% de la población de la región, cifra 0,5 puntos porcentuales inferior a la de 2022 pero superior a los niveles de 2014.
En total, 172 millones de personas vivían en situación de pobreza en 2023, de las cuales 66 millones se encontraban en situación de pobreza extrema, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024: Los desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia un desarrollo social inclusivo –presentado por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs– señala que la pobreza sigue afectando más a las mujeres en edad de trabajar que a los hombres y que el porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza es considerablemente mayor que el de otros grupos etarios.
La pobreza también es mayor en las zonas rurales (39,1%) que en las urbanas (24,6%).

Más del 80% de la reducción de la pobreza regional en 2023 se debe a lo ocurrido en Brasil, país que alberga a un tercio de la población de América Latina y el Caribe y donde las transferencias no contributivas fueron decisivas. Si la población en situación de pobreza en Brasil no hubiera disminuido, el promedio regional en 2023 habría sido de 28,4%, apenas 0,4 puntos porcentuales menos que el año anterior, y la incidencia de la pobreza extrema se habría mantenido sin cambios, en 11,1%, señala el informe.
La CEPAL señala también que entre 2022 y 2023 no se registraron cambios significativos en los niveles de desigualdad del ingreso en la región, que se mantuvieron persistentemente elevados.
Entre 2014 y 2023, el índice de Gini experimentó una leve reducción de 4%, al pasar de 0,471 a 0,452.
La distribución de la riqueza es significativamente más desigual que la del ingreso, según estimaciones incluidas en el informe que integran diversas fuentes de información (activos financieros y no financieros) sobre la población de América Latina.
Alrededor de 2021, el 10% de las personas con mayores ingresos concentraba el 66% de la riqueza total, y el 1% más rico, el 33%.
El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024 advierte también que la falta de protección social sigue siendo elevada en la región. En 2022, 1 de cada 4 hogares (23,5%) carecía de acceso a protección social, ya sea contributiva o no contributiva, en 14 países de América Latina.

Esta proporción ascendía a 1 de cada 3 hogares (36,5%) en el quintil de menores ingresos y en zonas rurales (29%).
La protección social no contributiva, sostiene la CEPAL, es vital en los hogares del primer quintil de menores ingresos, ya que 1 de cada 2 de esos hogares accede a la protección social por esa vía.
Esto significa que las políticas de transferencias monetarias o en especie (como la alimentación escolar) así como los programas de inclusión laboral son claves para vincular a las personas con los servicios sociales y avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad.
En 2022, el 27,1% de las personas en América Latina vivía en hogares que se beneficiaron de programas de transferencias condicionadas. A pesar de sus efectos positivos, en los 14 países estudiados, los montos involucrados no lograron cubrir el déficit de ingreso per cápita de los hogares de manera suficiente para alcanzar la línea de pobreza.
El informe constata que los sistemas de pensiones no contributivas (SNCP) juegan un papel central en la reducción de la pobreza en la vejez.
En los últimos 20 años, la cobertura de los SNCP entre las personas de 65 años y más aumentó en más de 27 puntos porcentuales, y durante ese período la pobreza en esa misma población disminuyó en 14,3 puntos porcentuales.

“El fortalecimiento de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, en particular la protección social no contributiva, es un espacio estratégico para adoptar un enfoque integrado que puede incidir significativamente en la reducción de la pobreza, de las diversas causas de la desigualdad y de los bajos niveles de cohesión social en América Latina y el Caribe y, por ende, en el logro de un desarrollo social inclusivo”, enfatizó el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.
“Enfrentar la crisis del desarrollo en la región requiere avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes. Para ello, urge reforzar la institucionalidad social con capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP)”, afirmó la máxima autoridad de la CEPAL, destacando la oportunidad que representa la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en 2025 para abordar estos desafíos.
Según el informe, en 2023 el gasto social ascendió al 11,5% del PIB en América Latina, muy similar al 11,4% del PIB observado en 2022.
En América Latina, el gasto público social sigue siendo el principal componente del gasto público total (53,3% en promedio en 2023).
En el Caribe, el gasto social como porcentaje del gasto total se redujo al 41,3% en 2023, lo que amplió aún más la brecha con los países latinoamericanos.
Según la CEPAL, para avanzar en la erradicación de la pobreza es necesario establecer un estándar de inversión en protección social no contributiva de entre el 1,5% y el 2,5% del PIB, o entre el 5% y el 10% del gasto público total.
En promedio, los Ministerios de Desarrollo Social de 20 países de América Latina y el Caribe destinaron a protección social no contributiva el 0,8% del PIB y el 3% del gasto público total en 2022.
Finalmente, la edición 2024 del Panorama Social de América Latina y el Caribe incluye un capítulo sobre protección social ante la crisis de los cuidados y el envejecimiento poblacional, escenario que demanda políticas con enfoque de género, interseccional y de derechos.
En los próximos 25 años, la población de 65 años y más se duplicará (pasará de 9,9% a 18,9% de la población total) y alcanzará 138 millones de personas en 2050.
“La división sexual del trabajo y la actual organización social del cuidado generan brechas de género que se manifiestan a lo largo del ciclo de vida y en los obstáculos que enfrentan las mujeres para su inclusión laboral y protección social”, señala la CEPAL.
Así, en 2022, solo poco más de la mitad de las mujeres de América Latina y el Caribe estaban vinculadas al mercado de trabajo (53,5%) y, entre las mujeres fuera de la fuerza laboral en la región, el 56,3% dijo dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (en comparación con el 7,3% de los hombres).
Las mujeres de 65 años o más presentan mayores niveles de pobreza que los hombres a pesar de recibir pensiones (tanto contributivas como no contributivas), y el 70,3% de las mujeres que no reciben ningún tipo de pensión tienen ingresos propios por debajo de la línea de pobreza.
Este mismo fenómeno ocurre con el 42,6% de las mujeres que sí reciben una pensión no contributiva.