Bogotá. News Press Service. La Vicepresidente y Ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, exhortó al Gobierno de Haití a cumplir los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y brindar garantías a los 18 colombianos detenidos en ese país. A través de una carta, enviada al embajador en Colombia, Jean Mary Exil, la alta funcionaria manifestó su preocupación tras la visita realizada por la Misión Consular colombiana, que evidenció irregularidades en la detención y asistencia a los connacionales, presuntamente vinculados con el asesinato del presidente Jovenel Moise.
En la misiva, la Vicepresidente y Canciller señala que los colombianos –de acuerdo con el informe entregado por el Cónsul Honorario de Colombia en Haití, Julio Santa– “no han recibido ninguna clase de asistencia jurídica, al no tener asignados defensores de oficio que protejan el derecho de la defensa y se respeten las garantías judiciales y del debido proceso”.
Por tanto, expresó: “Me valgo de esta oportunidad para solicitar a su gobierno que cumpla a cabalidad con el artículo 5 de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, permitiendo que los funcionarios colombianos ejerzan las funciones allí contempladas para la debida prestación de asistencia a nuestros connacionales, así como el respeto y garantía por el derecho que tiene toda persona detenida de contar con la asesoría legal que le permita ejercer plenamente su derecho a la defensa y gozar de las garantías del debido proceso. Los tratados internacionales de protección consular y de derechos humanos garantizan sin dilaciones la obligación de designar a un defensor una vez se produzca la captura, en especial el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, afirma la Vicepresidenta y Canciller.
Además, hace hincapié en que algunos connacionales –que sufrieron heridas, al parecer, en el momento de la detención- no han recibido una adecuada atención médica ni se les han garantizado condiciones humanitarias, “lo cual es violatorio del artículo 5 de la citada Convención Americana que exige que se respete la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas.
La Vicepresidente y Canciller reiteró la disposición y voluntad del Gobierno colombiano para que se esclarezca el crimen y se castigue a los responsables, no obstante, fue enfática en exigir que se les respete el debido proceso a los detenidos. “Le recuerdo a su gobierno que tiene la obligación moral y legal de proteger a los detenidos que están bajo su jurisdicción. No se puede ignorar el deber de proteger a personas que están bajo la jurisdicción de un gobierno, independientemente de cuál sea su situación judicial. Exhortamos a su gobierno a proteger a los 18 nacionales colombianos. Tienen la alta obligación moral de garantizar su vida e integridad física. Adicionalmente, demandamos que se investiguen y sancionen a los autores de estas conductas lesivas de sus derechos”.
Así mismo, la Vicepresidente y Canciller, en nombre del Gobierno de Colombia, pidió que se investigue y sancione a los autores de las conductas lesivas contra los colombianos. Y recordó que Colombia y Haití tienen una historia común de amistad y fraternidad, “que en momentos tan difíciles como el actual demandan la mayor colaboración y cooperación teniendo como fundamento el respeto de los derechos fundamentales”.
En la carta, también manifiesta que el embajador de Colombia en República Dominicana concurrente para Haití, Daniel Cabrales, recibió instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para visitar, al menos dos veces por semana, a los detenidos colombianos, frente a lo cual pide colaboración del gobierno haitiano para que sean recibidas las cartas credenciales del diplomático y así formalizar sus actividades en Haití.
Finalmente, reiteró, en nombre del Presidente Iván Duque y del pueblo colombiano, el rechazo categórico al crimen que segó la vida del Presidente de Haití e insistió en la disposición de todas las instituciones colombianas, para contribuir en la consecución de información y todo lo que las autoridades requieran para dar con los responsables intelectuales y materiales de este magnicidio.
