News Press Service
Por DW
Pocas veces un país ha echado a perder su reputación internacional tan rápidamente como Colombia bajo el gobierno del Presidente Iván Duque. Tras el celebrado acuerdo de paz con los rebeldes de las FARC en 2016, el país parece alejarse de nuevo del fin de los conflictos internos: las guerrillas rearmadas, las bandas de narcotraficantes y la apropiación ilegal de los recursos naturales presentan un panorama de violencia creciente que suele acabar de forma fatal para los defensores de los derechos humanos y los activistas medioambientales o los líderes indígenas.
El presidente Duque está volviendo a las viejas recetas en la lucha contra los cultivos de coca, utilizando de nuevo la fumigación con el herbicida glifosato. El gobierno respondió a la afluencia masiva de 1,5 millones de migrantes de Venezuela, que huyeron a Colombia para escapar de la opresión y la crisis humanitaria en su propio país, con una política de brazos abiertos y posteriormente legalizó el estatus de residencia de los refugiados. Esta decisión, aclamada por el Secretario General de la ONU como un «gesto humanitario ejemplar para la región y el mundo», le valió al país y a su gobierno un gran reconocimiento internacional, aunque haya habido pocos imitadores de esta medida en Sudamérica.
Pero esta fase de mayor prestigio no duró mucho. Los enfrentamientos masivos en las calles del país entre manifestantes y fuerzas de seguridad, tras el anuncio de una reforma tributaria por parte de Duque, volvieron a ensombrecer la imagen de Colombia. El país no parece ser capaz de encontrar un modo para resolver de manera no violenta sus problemas futuros.
De la «Gran Conversación Nacional» al «consenso solidario»
Para el presidente Duque, las imágenes se repiten: lo que ocurrió en abril/mayo de 2021 en muchas ciudades del país en términos de violencia y contraviolencia, en el marco del paro nacional convocado por los sindicatos, ya se produjo en menor escala en noviembre de 2019: disturbios y saqueos en las calles, un uso masivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y luego el llamado del presidente a la unidad y al diálogo. Pero la «Gran Conversación Nacional» proclamada entonces quedó en nada. Muchos observadores temen ahora que ocurra lo mismo con la nueva iniciativa de «consenso solidario» que se acaba de anunciar, después de que el presidente retirara su proyecto de reforma fiscal y elNo cabe duda de que Colombia se encuentra en una crisis de sus finanzas públicas; las cargas del presupuesto nacional por las obligaciones del proceso de paz, la atención a los migrantes y las consecuencias de la pandemia son extremas. Mientras tanto, el gobierno de Duque no logra establecer un diálogo sólido con los grupos sociales para evitar la movilización en las calles y consultar antes de presentar su propia propuesta legislativa. Ahora se está intentando aumentar los ingresos tributarios mediante regulaciones temporales, pero el conflicto de fondo existente en la sociedad colombiana sigue latente.
Una polarización destructiva
Sin embargo, las violentas protestas de los últimos días van más allá de la presión tributaria sobre la clase media y los grupos sociales más vulnerables. Se trata de resolver cuestiones sociales fundamentales que ni el gobierno de Duque ni amplios grupos del país quieren abordar: ¿Cómo lograr cerrar las heridas de la guerra civil que duró más de 50 años y lograr la reconciliación entre los bandos hostiles? ¿Cómo se puede lograr el equilibrio social en una sociedad extremadamente desigual en la que los grupos de élite y la oligarquía terrateniente niegan el acceso a la prosperidad a amplios sectores de la población? ¿Cómo se puede redefinir el excesivo papel de los órganos de seguridad (policía y ejército) de manera que se ajuste a la búsqueda de la paz y la convivencia no violenta?
Sin embargo, estas y otras cuestiones abiertas no se acercan a una solución en el país; lo más rentable desde el punto de vista político es azuzar siempre nuevo la polarización social y política en el país. Una vez más le tocó al ex presidente Álvaro Uribe echar gasolina a las brasas: en varios tuits habló de «terrorismo vandálico» en el país, contra el que los soldados y la policía también pueden usar la fuerza de las armas. Continúa así su estrategia de utilizar la justificación de una «amenaza de terrorismo» para reforzar el papel dominante de los órganos de seguridad como instrumento político central del Estado.
Con vistas a las elecciones presidenciales de mayo de 2022, ya se están delineando las posiciones en las que Uribe, como rey de su campo político, volverá a ejercer una influencia masiva. Es previsible que esto perpetúe una vez más el pensamiento del antagonismo de bandos opuestos y es probable que se imponga a los esfuerzos por un futuro común y una coexistencia pacífica. Esto significa que los planteamientos para resolver las cuestiones no resueltas del país sobre el futuro volverán a quedar en segundo plano.
Los actuales conflictos internos golpean a Colombia en un momento en que el país podría desempeñar un papel relevante a nivel internacional. Ha asumido la presidencia de la Alianza del Pacífico, de la Comunidad Andina y del foro político regional PROSUR, una coincidencia que ofrecería las mejores oportunidades para dinamizar los precarios procesos de integración regional.
No en vano, debido a la pandemia, muchos gobiernos miran hacia dentro y están menos dispuestos a participar en el entendimiento transfronterizo. Sin embargo, es precisamente ahí donde podrían estar las oportunidades para afrontar mejor las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Pero la difícil situación interna ha privado al gobierno de Colombia de la oportunidad de dar nuevos impulsos y de asumir un papel más activo en la política exterior.
El presidente Duque se enfrenta a un difícil último año de mandato, marcado tanto a nivel nacional como internacional por las oportunidades perdidas y los retos no resueltos. Cinco años después de la firma del acuerdo de paz, hay mucho en juego para Colombia.
