Bogotá, julio de 2026. News Press Service. El concejal Julián Espinosa del Partido Verde, puso bajo la lupa uno de los modelos de contratación más utilizados por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán para adquirir servicios de vigilancia y seguridad privada.
Durante un debate de control político, el cabildante pidió revisar el uso de la Bolsa Mercantil, luego de revelar que cerca de $1,5 billones han sido contratados mediante este mecanismo y no por licitación pública.
Durante el debate se evidenció que 41 entidades distritales celebraron 65 procesos contractuales mediante la Bolsa Mercantil por más de $2,5 billones, de los cuales cerca de $1,5 billones corresponden únicamente a contratos de vigilancia y seguridad privada.
Según la investigación presentada por el concejal del Partido Verde, durante la administración Galán el uso de esta modalidad para contratar servicios de vigilancia creció más de un 500 % frente a la administración anterior, convirtiéndose en uno de los principales mecanismos utilizados por el Distrito para contratar la seguridad de Bogotá. Hoy, entidades como la Secretaría Distrital de Educación, con contratos superiores a $764 mil millones, y TransMilenio, con más de $341 mil millones, concentran buena parte de estos procesos.
Espinosa cuestionó que Bogotá esté contratando la seguridad de colegios, estaciones de TransMilenio y entidades públicas a través de un mecanismo que históricamente nació como la Bolsa Nacional Agropecuaria, creada para la negociación de productos agropecuarios y que posteriormente amplió su alcance a otros mercados.
“Lo que estamos preguntando es por qué la Administración decidió convertir este mecanismo en una de las principales formas de contratar un servicio tan sensible como la seguridad de millones de bogotanos.”
Uno de los principales cuestionamientos expuestos durante el debate estuvo relacionado con la libre competencia. Mientras en Colombia existen más de 1.040 empresas de vigilancia, la participación efectiva en estos procesos termina concentrándose en apenas 10 sociedades comisionistas y 34 empresas afiliadas, lo que, según el concejal, reduce significativamente el universo de empresas que realmente pueden competir por contratos públicos.
Durante la sesión también se expusieron varios casos que, a juicio del concejal, ameritan el escrutinio de los organismos de control.
Entre ellos se encuentran procesos adelantados por la Caja de la Vivienda Popular, la Alcaldía Local de Kennedy, el IPES y la Universidad Distrital, en los que Espinosa cuestionó requisitos específicos que, según señaló, podrían restringir la participación de potenciales oferentes y afectar la libre competencia.
Uno de los capítulos más relevantes del debate estuvo dedicado a TransMilenio, entidad que ha contratado mediante esta modalidad más de $341 mil millones para servicios de vigilancia.
Allí se cuestionó el pago de más de $1.161 millones en comisiones e intermediación bursátil, pese a que uno de los argumentos utilizados por la Administración para acudir a la Bolsa Mercantil ha sido la generación de ahorros para el Distrito.
Otro de los casos expuestos fue el de la Secretaría Distrital de Educación, que contrató más de $764 mil millones en vigilancia mediante Bolsa Mercantil y pagó más de $4.000 millones en comisiones por intermediación bursátil.
Durante el debate también se cuestionó que no se evidenciara una justificación suficiente que demostrara por qué esta modalidad resultaba más conveniente que un proceso de licitación pública.
El concejal también recordó que Colombia Compra Eficiente ha señalado que, aunque la vigilancia puede ser considerada un servicio técnicamente uniforme, la modalidad más adecuada para contratar este tipo de servicios es la licitación pública, debido a la naturaleza y complejidad de este mercado.
Como conclusion del debate, Espinosa hizo un llamado directo al alcalde Carlos Fernando Galán para que revise y suspenda el modelo de contratación que hoy utiliza el Distrito para adquirir los servicios de vigilancia y seguridad privada:
“Alcalde, Galán, hoy le pido que revise esta política de contratación. Estamos hablando de cerca de $1,5 billones de recursos públicos destinados a proteger la seguridad de los bogotanos. Si este modelo garantiza la libre competencia y la transparencia, no debería temer al escrutinio público. Pero si existen dudas, es su responsabilidad despejarlas. Bogotá merece respuestas.”
Así mismo, el concejal pidió a todas las entidades del Distrito que utilizan esta modalidad de contratación explicar las razones técnicas, jurídicas y económicas que las llevaron a acudir a la Bolsa Mercantil, en un mecanismo que, según advirtió, ofrece un menor nivel de publicidad y escrutinio ciudadano que una licitación pública.
