Bogotá, agosto de 2026. News Press Service. En el desarrollo de un operativo interinstitucional calificado por las autoridades como el más grande en su tipo, la fiscalía general de la Nación y la Gobernación de Cundinamarca sacaron de circulación 8.520 unidades de licor adulterado en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.
Durante las intervenciones también se decomisaron más de 12.000 elementos de seguridad falsificados, entre estampillas, tapas y sellos.
La acción de las autoridades contempló 11 diligencias de allanamiento y registro ejecutadas de manera simultánea en dos centros comerciales del sector. En el dispositivo participaron el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Brigada 13 del Ejército Nacional, el Batallón de Policía Militar No. 15, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, el Invima, la Federación Nacional de Departamentos y firmas de protección de marca.
De acuerdo con las investigaciones, el material probatorio incautado representaba una valoración inicial de $639 millones en el mercado clandestino o de acopio, donde cada botella se negociaba a intermediarios entre $7.000 y $25.000.
Sin embargo, una vez comercializado el producto en establecimientos nocturnos por valores que oscilan entre $80.000 y $200.000 por unidad, las estructuras ilegales habrían obtenido ganancias superiores a los $1.700 millones.
El secretario de Hacienda de Cundinamarca, Luis Armando Rojas Quevedo, destacó que la articulación entre las fuerzas del orden y las entidades administrativas fortalece las capacidades de reacción para salvaguardar la vida de los habitantes de la región y proteger las rentas públicas.
Por su parte, voceros del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) enfatizaron que el retiro de estas sustancias del mercado previene emergencias de salud pública asociadas al consumo de bebidas con alcohol metílico o sustancias adulteradas.
Las estimaciones de la Gobernación de Cundinamarca indican que el comercio ilegal de bebidas alcohólicas genera una evasión anual superior a los $80.000 millones por concepto del impuesto al consumo de licores.
Frente a esto, las autoridades recomendaron a la ciudadanía adquirir bebidas únicamente en comercios autorizados, verificar el estado de las etiquetas y desconfiar de precios inferiores a los del mercado formal.
