Bogotá, abril de 2025. News Press Service. Los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se reunirán el martes 6 de mayo de 2025 para tomar una decisión clave sobre la situación jurídica de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, implicados en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Aunque las sesiones de la Sala de Instrucción suelen realizarse los jueves, esta diligencia fue programada para el martes debido a que el jueves 1 de mayo es festivo por el Día del Trabajo.
En este contexto, la Corte deberá determinar si los acusados de haber recibido millonarios sobornos provenientes de contratos estatales enfrentarán medidas de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial en su contra.
En el caso de Andrés Calle, su abogado, Billie Torres, presentó un documento de casi 80 páginas al magistrado Francisco Farfán, solicitando que su cliente no sea enviado a prisión preventiva.
En el escrito, conocido por Semana, Torres argumentó que Calle ha mostrado disposición para colaborar con la justicia desde el inicio del proceso.
“La conducta del dr. Calle Aguas, desde un primer momento y hasta la fecha, lejos de mostrarse ajeno o incluso pasivo ante este escenario mediático y judicial, ha sido precisamente todo lo contrario.
Desde el principio demostró su interés con el fin de ejercer su defensa, pero, además, el de acudir ante cualquier llamado de la justicia en cabeza de esta Corporación”, señaló el documento citado por el medio.
Es de señalar que Calle enfrenta cargos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, luego de que el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, lo señalara de haber recibido $1.000 millones en efectivo.
Según las denuncias, este dinero habría salido de un contrato de carrotanques destinados a La Guajira y estaría vinculado al supuesto apoyo de Calle a las reformas impulsadas por el Gobierno.
Por su parte, el expresidente del Senado y miembro de la Alianza Verde, Iván Name, habría recibido $3.000 millones provenientes del mismo contrato de carrotanques, presuntamente para respaldar la gestión del Gobierno en el Congreso.
El caso de Name se complica aún más con las recientes declaraciones de la ex consejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, que detalló cómo fue el proceso para entregar la millonaria coima al exsenador.
Ortiz también afirmó que parte de esos recursos habrían sido utilizados para apoyar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Ante estas acusaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que aseguró que estará atenta a las decisiones judiciales relacionadas con este caso, que ahora involucra a uno de sus altos dignatarios.
Sneyder Pinilla, el primer condenado por escándalo en la Ungrd
Cabe señalar que, en la mañana del martes 29 de abril, el Décimo Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá dictó una sentencia contra Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, ex subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por corrupción durante su gestión.
El exfuncionario fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión, además de una multa de 3.550 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena responde a su implicación en delitos como concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, relacionados con el desvío de fondos públicos mediante la manipulación de contratos durante declaratorias de desastre y calamidad pública. También se ordenó la restitución de $618 millones obtenidos ilícitamente.
El juzgado rechazó su solicitud de detención domiciliaria y determinó que no cumplía con los requisitos para beneficios como la suspensión condicional de la pena. Sin embargo, autorizó que permanezca recluido en una guarnición militar por razones de seguridad.
La Fiscalía General de la Nación informó que, como parte de un preacuerdo, Pinilla obtuvo una reducción del 45% de su condena a cambio de admitir su culpabilidad y brindar información útil.
El acuerdo incluye su colaboración en la investigación al testificar contra al menos 25 personas, entre ellas altos funcionarios, congresistas y contratistas, vinculados a la manipulación de contratos y asignación de maquinaria pesada en cinco departamentos entre septiembre de 2023 y marzo de 2024.
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