

Por Alberto Restán Hincapié
Bogotá, marzo de 2025. News Press Service. La propuesta para establecer un área metropolitana en el departamento de Antioquia ha generado diversas reacciones en Colombia por las implicaciones económicas para los habitantes de esa región del país.
Pedro Baracutao, representante a la Cámara, en diálogo con News Press Service, ha sostenido que es importante informar a la población de que se trata “una zona metropolina, en que los beneficia y en que no, en razón a que en ese sector existe una desigualdad marcada entre la gente”.
Recordamos que la iniciativa para establecer un Área Metropolitana, en este sector del departamento, busca coordinar el desarrollo de municipios como Rionegro, El Retiro y La Ceja, entre otros, promoviendo una administración conjunta para optimizar servicios públicos, ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.

El Gobernador Andrés Julián y los alcaldes de ocho municipios de la zona, radicaron la solicitud ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para convocar a consultas populares para que la ciudadanía sea la que tome la última decisión.
La Gobernación de Antioquia, como articuladora del proceso, destaca que con la figura del Área Metropolitana se fortalecerán las relaciones entre territorios rurales y urbanos, promoviendo un desarrollo equilibrado y sostenible para toda la región del Oriente antioqueño.
El mandatario seccional, Andrés Julián y los alcaldes de los municipios de El Carmen de Viboral, Hugo Alfonso Jiménez Cuervo; El Retiro, Santiago Montoya Giraldo; El Santuario, Martín Alberto Duque Gallo; Guarne, Diego Mauricio Grisales Gallego; La Ceja, María Ilbed Santa Santa; La Unión, Carmen Judith Valencia Moreno; Rionegro, Jorge Humberto Rivas Urrea y San Vicente Ferrer, Nelson de Jesús Henao Zapata, radicaron una solicitud ante el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, para convocar consultas populares en sus respectivos municipios.
Esto permitirá que la ciudadanía decida sobre la creación de esta figura, establecida en el artículo 319 de la Constitución Política de Colombia.
Además, para construir confianza e integrar capacidades para la planeación, coordinación y gestión conjunta de sus municipios, los ocho alcaldes del Valle de San Nicolás en el Oriente antioqueño firmaron un acuerdo de gobernanza como promotores de la iniciativa para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás (AMVSN).
En el acuerdo, los mandatarios municipales establecieron que las decisiones metropolitanas, especialmente aquellas relacionadas con el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1625 de 2013, se tomarán por consenso.
De esta manera se busca garantizar una participación equitativa de cada municipio, evitando desequilibrios y asegurando que todos tengan voz y voto en temas estratégicos como el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el presupuesto anual y la elección del director del Área Metropolitana.
Asimismo, los mandatarios acordaron gestionar con los congresistas una modificación a la Ley 1625 de 2013, que permita aplicar los acuerdos de gobernanza en áreas metropolitanas que, como la que se planea crear en el Valle de San Nicolás, no tendrían una ciudad capital como municipio núcleo.
Este cambio garantizaría que este modelo de gestión territorial pueda operar a largo plazo e integrar esfuerzos conjuntos para solucionar problemáticas comunes, promoviendo un desarrollo armónico y equitativo en la región.
El Área Metropolitana del Valle de San Nicolás permitirá aprovechar al máximo las ventajas competitivas de la región, como su ubicación estratégica para atraer inversiones y fortalecer la economía local. Infraestructuras clave como la Autopista Medellín-Bogotá, el aeropuerto Internacional José María Córdova y la subregión de los Embalses serán potenciadas, consolidando al Oriente antioqueño como un nodo estratégico para el comercio nacional e internacional.
La creación de este esquema asociativo, en el que la Gobernación de Antioquia articula el proceso, facilitará la implementación de programas de movilidad sostenible, vivienda, educación, gestión ambiental, entre otros, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Este modelo asegura la planeación y administración eficiente de los recursos, promueve la competitividad, fomenta la equidad territorial y contribuye al cierre de brechas entre lo urbano y lo rural.