News Press Service
El Colombiano
Alejandra Zapata Quinchía
¿Se imagina no tener cómo iluminar su casa en las noches o dónde preparar y refrigerar sus alimentos? Ese es el día a día de 685 millones de personas en el mundo que aún viven sin electricidad, y de más de 2.000 millones que usan combustibles contaminantes para cocinar, lo que conlleva además consecuencias para la salud, provocando hasta 3,2 millones de muertes prematuras cada año.
Y es que si bien uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, a más tardar en 2030, aún se está lejos de alcanzarlo.
Un reciente informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y el Banco Mundial prendió las alarmas en materia energética: el número de personas que no cuenta con servicio de electricidad aumentó por primera vez en más de una década, con alrededor de 10 millones más que lo reportado en 2021.
about:blank “Necesitaremos muchas más inversiones en las economías emergentes y en desarrollo para ampliar el acceso a la electricidad y a las tecnologías y los combustibles limpios para cocinar. En la actualidad, solo una pequeña parte del total de la inversión en energía se destina a los países donde estos problemas son más críticos”, indicó Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE.
De no tomar medidas, las previsiones estiman que a 2030 alrededor de 1.900 millones de personas carecerán de acceso a métodos no contaminantes para cocinar, y 660 millones no tendrán acceso a la electricidad.
Las causas
La brecha mundial en el acceso a la energía se agrava a medida que el crecimiento demográfico supera la cantidad de nuevas conexiones: los 53 millones de redes agregadas entre 2021 y 2022 no siguieron el ritmo de un aumento de 63 millones de personas a nivel mundial durante el mismo período.
Además de esto, los organismos internacionales apuntan que una combinación de diversos factores contribuyó a esta situación, entre ellos la pandemia, la crisis energética mundial, la inflación, el creciente sobreendeudamiento en muchos países de ingreso bajo y el aumento de las tensiones geopolíticas, como las producidas por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
“Aquellos que aún carecen de acceso se concentran en gran medida en los países menos desarrollados, muchos de los cuales se han visto más profundamente afectados por las crisis globales en curso o están acosados por la fragilidad, los conflictos y la violencia.
Muchos gobiernos en estas áreas continúan enfrentando un espacio fiscal cada vez más reducido debido a la inflación persistente y las altas tasas de interés de los préstamos”, indicó el Banco Mundial.
Estas carencias son aún más profundas en la ruralidad. Ocho de cada diez personas que viven actualmente sin electricidad residen en el campo. Entre otras cosas, por ser zonas más remotas y de difícil acceso, con baja densidad de población y baja demanda, donde los costos de expansión de las redes son mayores.
¿Cómo está Colombia?
Hace 60 años la mayoría de colombianos no tenían acceso a la electricidad ni a una fuente adecuada para cocinar. Y si bien el país avanzó y ya ofrece una de las mejores coberturas de América Latina (97% en electricidad y 70% en gas natural), todavía 9,6 millones de personas viven en situación de pobreza energética.
Dentro de este grupo, el 8% no tiene energía eléctrica; el 61,8% vive en municipios con mala calidad de este servicio; y el 47,4% cocina con leña, carbón o desechos.
En las zonas rurales remotas este tipo de pobreza es 11 veces la de los centros urbanos (47,9% vs. 4,3%). Y si se tienen en cuenta también las carencias que se acumulan en esta población, la relación pasa a ser 15 veces mayor.
Por departamentos, los que padecen un menor acceso a la energía son Vichada, Vaupés, Guainía y La Guajira, con porcentajes por encima del 70%. Mientras que Quindío, San Andrés y Bogotá registran una pobreza energética de alrededor del 2%.
En Antioquia, por su parte, el 7,9% de la población vive esta realidad; es decir, 548.798 personas.
Otro asunto que preocupa es la cantidad de colombianos que aún usan combustibles contaminantes para preparar sus alimentos. Datos del Departamento
Administrativo de Estadística (Dane) muestran que hay 1,5 millones de personas que cocinan con leña o madera; 28.000 con petróleo, gasolina, kerosene, alcohol o cocinol; 27.000 con carbón mineral; 23.000 con carbón de leña y 4.000 con materiales de desecho.
Los que más usan este tipo de elementos para cocinar son Vichada, Guainía y Vaupés, con un rango de entre 50% y 80% de sus hogares.
Le siguen Amazonas, Guaviare, Boyacá, Cauca, Chocó, Córdoba, Sucre y La Guajira, con niveles de entre el 15% y 50%.
Como agravante, el uso tradicional de biomasa (carbón, desechos de cultivos, estiércol, queroseno y madera) conlleva enormes consecuencias para la salud, la igualdad de género y el medio ambiente.
Según el Banco Mundial, los hogares pasan hasta 40 horas a la semana recogiendo leña y cocinando, lo que dificulta que los niños vayan a la escuela y que las mujeres obtengan un empleo o participen en los organismos locales de toma de decisiones.
El problema es que si las tendencias actuales continúan, solo el 79% de la población mundial podrá cocinar con tecnologías limpias en 2030. Esto deja a casi 1.800 millones de personas vulnerables a los efectos adversos anteriormente mencionados.
Para Carlos Vasco, profesor de la Universidad de Antioquia, tampoco se puede dejar de lado la baja capacidad adquisitiva de estas poblaciones para acceder a electrodomésticos o tecnología.
“Puede que tengan acceso a la electricidad, pero no cómo comprar electrodomésticos. Ese es otro desafío. Las condiciones son tan precarias que estas personas usan aparatos que ya desecharon otros, los repotencian, pero ya son poco eficientes y sus consumos de energía son bastante altos. Es un círculo vicioso alrededor del acceso a la energía, no solo es el servicio, sino que cuenten con los equipos necesarios para usarlo”, comentó.
El papel de las renovables
Una de las metas mundiales es que la mayor parte del suministro energético provenga de fuentes limpias o con bajas emisiones de carbono.
De hecho, el año pasado marcó un récord mundial en el despliegue de renovables, con una capacidad total de 3.870 gigavatios (GW), según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (AIE).
Además de que la energía renovable se convierte en una oportunidad para llevar electricidad a las zonas rurales de difícil acceso, donde vive gran parte de la población desconectada.
En 2022, por ejemplo, alrededor de 2,5 millones de hogares en el mundo obtuvieron acceso a la electricidad gracias a plantas solares domésticas y sistemas de iluminación solar más pequeños.
“Las soluciones descentralizadas ofrecen una alternativa competitiva en términos de costos a la expansión de la red y pueden implementarse rápidamente para satisfacer niveles de demanda demasiado bajos y justificar las inversiones en la red”, señaló la AIE.
Pero si bien las renovables ya representan el 86% de la capacidad añadida, este crecimiento está distribuido de manera desigual en todo el mundo: los países en desarrollo (con 293 vatios de energía renovable per cápita) tienen 3,7 veces menos capacidad instalada que los desarrollados (1.073 vatio per cápita). Y recibieron solo el 14% de las inversiones globales en transición energética en 2023.
El Global Wind Report 2024 también evidencia que las tasas de financiación para proyectos renovables en economías emergentes se duplicaron, e incluso triplicaron respecto a los mercados maduros. Esto ha provocado que la industria revalúe la inversión en países como Colombia, cuyos riesgos y costos superan a aquellos con una madurez tecnológica y de cadena de suministro.
Lo anterior ha hecho que el Gobierno Nacional tenga que cambiar, por ejemplo, los requisitos de subastas de renovables, como la eólica costa afuera (offshore).
De esta manera, aunque ya Colombia logró un hito, superando 1 gigavatio de energía solar en operación comercial, aún quedan barreras que superar en cuanto al financiamiento para facilitar los cierres financieros de los proyectos, así como estrategias que ataquen la falta de firmeza de algunas fuentes como la solar, con sistemas de almacenamiento como baterías para guardar los excedentes.
Comunidades energéticas
Hay una figura en el mundo, que no es nueva, pero que está tomando cada vez más fuerza: las comunidades energéticas.
Estas buscan ser alternativas para aumentar la cobertura del servicio de energía y garantizar el acceso de las poblaciones vulnerables. Unas pueden ser autogeneradoras, es decir, que producen energía para atender su propia demanda; y otras generar excedentes que le entregan a la red nacional.
En Europa existe una federación de cooperativas energéticas que cuenta con unas 1.900 comunidades formadas por más de 1,2 millones de ciudadanos. Y Alemania es el país con la mayor capacidad instalada en proyectos comunitarios, con cerca de 1 GW.
En Colombia, uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece también la creación de estas. La meta es q en todo el territorio y a la fecha ya hay más de 18.000 postulaciones.
Sin embargo, aunque este modelo constituye un gran aporte para la transición energética y una solución para llevar energía a las zonas más apartadas, la Contraloría General de la República asegura que su desarrollo enfrenta dificultades de órdenes técnico, social y presupuestal.
“Preocupa la sostenibilidad de estos sistemas al no contarse aún con las metodologías para remunerar la operación, administración de microredes, interconexiones y de las mismas soluciones solares fotovoltaicas individuales”, anotó el ente.
Resaltó que serían más de 818.119 las viviendas colombianas a las que se debe llegar con el servicio de energía para alcanzar una cobertura universal: 117.317 hogares podrían contar con el servicio mediante microrredes aisladas; 470.340 podrían tener interconexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y 230.462 serían viviendas con soluciones solares fotovoltaicas individuales.
Pero la inversión necesaria para lograr una cobertura total en el país se estima en $14,47 billones: $1,95 billones para soluciones mediante microrredes aisladas, $6,9 billones para plantas solares individuales, y el restante, $5,62 billones, para conexión al SIN. Para la Contraloría, los recursos destinados actualmente aún son insuficientes.
Las alertas
Es claro que el nivel de acceso a los servicios de energía tiene efectos sobre el desarrollo de capacidades y la mejora de la calidad de vida de las personas. En el campo, además, esto puede mejorar la productividad agrícola al depender menos del clima y tecnificar los procesos.
Pero los retos no son pocos. La ONU estima que lograr el acceso universal a servicios de electricidad implicaría una inversión global de hasta US$56.000 millones a 2030, de los cuales US$52.000 millones se destinarían a energía eléctrica y el resto a combustibles limpios y equipos para cocinar. Estas estimaciones implican más de dos veces la inversión actual.
Aterrizando al escenario local, las alarmas se han prendido desde hace meses porque en Colombia la demanda de electricidad está creciendo al doble, pero sin tener respaldo en nuevas plantas de generación.
La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) proyectaba que el consumo de energía eléctrica en el país crecería cada año entre un 2,2% y un 3,4%. Sin embargo, hoy el consumo real está creciendo por encima del 5%.
Lo que han advertido los expertos es que, de mantenerse ese ritmo, se pondría en peligro no solo la transición energética sino la atención de los colombianos, pues el sistema no estaría preparado para atenderlos.
Bajo este panorama, también entran en juego las dificultades para transportar la energía, pues desde hace 10 años se está hablando de que en algunas zonas las redes actuales están saturadas por falta de inversión, lo que podría generar cortes puntuales.
Por el momento, desde la Upme lanzaron un plan de expansión de las redes de transmisión a 2035. Este contempla obras al interior de subestaciones, nuevos transformadores y líneas complementarias.
Asimismo, el Plan Energético Nacional a 2050 establece como estrategias clave para lograr una descentralización efectiva y garantizar el acceso a energía de calidad, la generación distribuida, la autogeneración y la formación de comunidades energéticas.
Pero el camino es largo y hay tareas urgentes, como satisfacer una creciente demanda de energía en el país utilizando menos combustibles fósiles.
