La cesión del predio, de 2,9 hectáreas, deja ver la articulación entre Estado y alcaldía para fortalecer la estructura penitenciaria y carcelaria de Bogotá. Según información del Distrito, el nuevo centro de reclusión podrá albergar a cerca de 2.000 personas.
La operación es fruto de un convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Así se busca mejorar las condiciones de los cerca de 3.000 privados de la libertad que se encuentran actualmente en centros de detención transitoria de la ciudad.
Bogotá D.C., 3 de abril de 2024. News Press Service. El Gobierno nacional cedió a la administración de Bogotá, formalmente y a título gratuito, un predio contiguo a la cárcel La Picota para la construcción de la segunda cárcel distrital de la ciudad, cuya proyección de cupos, de acuerdo con el Distrito, será de por lo menos 2.000.
La cesión del predio para la construcción de una nueva cárcel -que se enmarca en el Convenio 1127, suscrito en abril de 2021 entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec)- permitirá mejorar las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad en Bogotá. Las personas que hoy se encuentran en centros de detención transitoria de la capital podrían ser trasladadas a una cárcel formal.
El área del terreno cedido es de 29.282,97 metros cuadrados (2,9 hectáreas), por lo que, del total del predio de La Picota, el Inpec seguirá teniendo 40 hectáreas.
“La suma de las cuatro cárceles que hay en Bogotá es insuficiente. Hace tiempo atrás, el Distrito y el Gobierno nacional han venido manifestando su intención de construir una segunda cárcel distrital. Este proceso culmina hoy con la firma de la resolución 002775 del 3 de abril de 2024. Más allá de la cesión del lote, es importante mencionar el compromiso conjunto de luchar por la seguridad y la resocialización. Este es un buen ejemplo de armonía entre autoridades nacionales y distritales, así como de nuestra intención de establecer ese mismo tipo de relaciones con el resto de alcaldes y gobernadores de todo el país”, señaló Néstor Osuna, ministro de Justicia y del Derecho.
Por su parte Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, expresó que esta cesión “hace parte del esfuerzo que se ha realizado para resolver los retos de seguridad en la ciudad. A partir de ahora, este predio queda en manos de Bogotá para avanzar en estudios, diseño y construcción. Esta articulación entre la Nación y el Distrito va a permitir avanzar para contar con un mejor sistema carcelario en los próximos años”.
La protocolización de la entrega también responde a las recomendaciones de la Corte Constitucional para mitigar el hacinamiento en el sistema penitenciario y carcelario. De esta forma, se busca avanzar para lograr un rol más activo de las entidades territoriales en el cumplimiento de las obligaciones para con la población privada de la libertad. Actualmente, de los cerca de 45.000 detenidos de manera preventiva en el país, solo 2.760 se encuentran en cárceles territoriales. Y el Distrito contribuye con el 37 % de estos cupos.
Además, esta iniciativa representa una forma de cofinanciación de la Nación a entidades territoriales con el fin de apalancar el desarrollo de infraestructura carcelaria a través de un aporte en especie, y sienta las bases para la construcción de un nuevo centro penitenciario del orden distrital.
“Necesitamos estrategias para tener una política penitenciaria más útil para la sociedad y superar el Estado de Cosas Inconstitucional. Es una buena noticia para la sociedad la colaboración entre autoridades de distintos ámbitos. Desde el Gobierno nacional seguimos ofreciendo toda la colaboración al Distrito Capital”, agregó el ministro de Justicia.