News Press Service
Por el Coronel (r) Carlos A Vargas Romero
El multi crimen que azota varias regiones del país se derivó de la terminación del conflicto con las grandes estructuras paramilitares y con las otrora Farc, entre otras razones porque el Estado no supo copar suficientemente los territorios donde dichas organizaciones ejercían control a punta de vejámenes sobre las poblaciones. Y, claro está, el vacío de Estado, en sus expresiones fundamentales de seguridad y justicia, ha permitido la proliferación de las organizaciones delincuenciales con las que se pretende alcanzar la “paz total”: una nueva oportunidad para que los delincuentes tomen el camino civilizado.
Pero no se puede olvidar que esas organizaciones, exceptuando un tanto al Eln, están encabezadas por individuos que no se acogieron a la legalidad en anteriores negociaciones de paz, bien porque los incentivos para dejar la violencia fueron insuficientes para ellos, o sencillamente porque el dinero fácil y la codicia se convirtieron en su “modus vivendi”, en su “zona de confort”. Lo cual constituye un ejemplo a imitar por parte de, al menos, una porción de los más jóvenes. El punto para destacar es que es realista prever que, así las negociaciones sean exitosas, habrá gente que no se acoja y reestructure la delincuencia organizada, la cual volvería a crecer en la medida en que el Estado vuelva a incurrir en el error de no proveer suficiente seguridad pública en la “Colombia profunda”.
Ahora bien, lo que observamos recientemente en la vereda Los Pozos de San Vicente del Caguán (secuestro de 78 policías y asesinato de uno) y en los Llanos del Yarí, cuando un desafiante ‘Iván Mordisco’ anunció el acogimiento de las disidencias a las negociaciones propuestas por el Gobierno, fueron unas guardias campesinas probablemente manipuladas, que más que organizaciones provenientes de decisiones comunitarias autónomas, pueden ser estructuras creadas o instrumentalizadas por fuerzas políticas o económicas ilegales que pretenden aprovecharse del papel que pueden llegar a tener dichas guardias como medios de movilización social, como instrumento institucionalizado para neutralizar la vigencia del Código Penal o como agente de control territorial.
Aún más, hoy día los grupos armados ilegales ya están movilizando a las comunidades en varios territorios pues tienen dinero y armas para hacerlo. A través de las guardias campesinas, las cimarronas y otras formas de organización social, han presionado a las autoridades a replegarse o abstenerse de atacar las economías ilegales. Ya hay 15 organizaciones de este tipo entre indígenas, cimarronas y campesinas, tomándose extensas zonas donde buscan la prevención, protección y autoprotección de comunidades, propósitos estos loables que pueden derivar en la integración de grupos de milicianos semi armados similares a las Convivir, lo que puede conducir a una balcanización de la seguridad en ostensible detrimento de la Unidad Nacional.
Y todo parece indicar que el Gobierno Petro quiere otorgarles legalidad. En un aparte del Plan de Desarrollo se lee: “Para responder a las amenazas y vulneraciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad (…) se avanzará en el empoderamiento de las formas propias de control territorial (guardias indígenas, cimarronas, campesinas y de mujeres)”.
¿Qué se puede hacer para evitar la afectación de la Unidad Nacional? Desdoblar parte del Ejército y de la Policía (personas, armas y logística) para crear una tercera fuerza institucional, una Guardia Rural Nacional dedicada permanente y exclusivamente a las regiones apartadas más afectadas por la inseguridad, convocando a las guardias campesinas y cimarronas a ser parte orgánica de dicha fuerza, manteniéndose en sus áreas gestantes. De esta manera se facilitaría concentrar la Policía en las ciudades y municipios más poblados para mejorar la seguridad ciudadana. También se facilitaría reorganizar y reentrenar al Ejército como fuerza exclusivamente militar. Esta propuesta se puede implementar sin erogaciones presupuestales extraordinarias.
