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Por Viviana Marcela Pedraza Serrano
La prescripción de la acción penal se encuentra consagrada en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, y refiere a una sanción jurídica que opera en un proceso penal por haber transcurrido un lapso de tiempo sin que se hubiese enjuiciado a un imputado, o bien, sin haberse hecho efectiva la condena a un sentenciado.
Por exclusión, la imprescriptibilidad de un delito implica que el responsable del mismo pueda ser enjuiciado en cualquier momento, pues en estos casos, el ejercicio de la acción penal no se extingue por el paso del tiempo.
La primera semana de febrero de 2021, el presidente de la república de Colombia, Iván Duque, sancionó la Ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales en menores, en virtud de la cual este tipo de abusos serían investigados en cualquier tiempo y el victimario tendría que responsabilizarse de sus agresiones asi la denuncia se realice años después.
La Ley 2081 del 3 de febrero de 2021, torna imprescriptible la acción penal en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, como en los casos del artículo 237 del Código Penal (incesto) con el fin de proteger a los menores de los abusos de los que son víctimas.
En efecto, la Ley tiene como consecuencia que los victimarios de estos delitos no queden impunes por la extincion de la acción penal sino que se responsabilicen por sus ataques, sin importar el paso del tiempo. De esta manera, las víctimas de abusos sexuales, encontrarán justicia asi hayan tardado en denunciar.
La Ley es la respuesta al reclamo de las víctimas de responsabilizar a su verdugo y es que según las cifras, en el 2020, se realizaron alrededor de 15.359 exámenes médico legales por casos asociados a violencia sexual que tenían como víctimas a menores de edad; 22.603 exámenes en el 2019, y durante el año 2018 se realizaron 26.065 exámenes médico legales por presunto delito sexual.
No obstante, en el 2019, apenas se esclareció el 12,3% de las 36.812 denuncias de delitos sexuales, lo que evidencia el alto porcentaje de impunidad en nuetro país. Por tanto, la Ley sancionada, es una garantia para las víctimas que no se verán perjudicadas por el paso del tiempo.
Además, esta política criminal ayuda a prevenir la comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual cometidos en menores de 18 años, así como en los casos de incesto, pues los agresores podrán abstenerse de cometerlos al conocer que en cualquier momento podrian ser judicializados y hacerse acreedores de la sanción que la Ley prevé para estos tipos penales.
Resalto el efecto que tiene esta Ley en la responsabilidad estatal, pues la imprescriptibiidad de la acción penal en estos delitos impacta positivamente en el número de demandas contra la nación por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
