Las magistradas Paola Andrea Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional, Lina Marcela Escobar Martínez, junto con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Sala Especial de Seguimiento, recorrieron las estructuras de media y alta seguridad del establecimiento en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario.
Bogotá D.C., mayo de 2026. News Press Service. La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario, carcelario y en centros de detención transitoria realizó una inspección judicial al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad El Barne, en Cómbita (Boyacá), en el marco del cronograma nacional de visitas ordenado para verificar las condiciones de reclusión en establecimientos y centros de detención transitoria del país.
La diligencia contó con la participación de los tres integrantes de la Sala Especial de Seguimiento: las magistradas Paola Andrea Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional, y Lina Marcela Escobar Martínez, así como el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Sala Especial.
Durante la inspección judicial recorrieron los establecimientos de alta y mediana seguridad de Cómbita, integrados por ocho y doce pabellones, respectivamente.
Durante la jornada, los magistrados sostuvieron espacios de diálogo con directivos del INPEC y de la USPEC, personal de salud, organismos de control y personas privadas de la libertad, con el propósito de verificar las condiciones materiales de reclusión y el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte en seguimiento al estado de cosas inconstitucional.
En desarrollo de la inspección, la Sala Especial evidenció condiciones persistentes de hacinamiento. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades penitenciarias, actualmente permanecen recluidas 4.132 personas privadas de la libertad, lo que representa un hacinamiento aproximado del 40,1 %.
La Sala también constató problemáticas relacionadas con el suministro de agua potable, especialmente en la estructura de alta seguridad, donde las personas privadas de la libertad señalaron que el acceso al servicio se limita a determinados horarios del día y que, durante varias horas, deben almacenar agua en recipientes para cubrir necesidades básicas, situación que compromete el acceso efectivo y continuo a este servicio esencial.
Adicionalmente, durante el recorrido se recibieron múltiples quejas relacionadas con demoras en la actuación de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, particularmente frente al estudio y concesión de beneficios administrativos y subrogados penales.
La diligencia permitió, igualmente, identificar preocupaciones frente a las condiciones de resocialización y al acceso efectivo a programas de educación, trabajo y formación superior al interior del establecimiento.
Como resultado de la visita, la Sala Especial formuló distintos requerimientos a las autoridades competentes relacionados con las condiciones de acceso al agua, la prestación de servicios de salud y las medidas adoptadas para garantizar procesos efectivos de resocialización
