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El País
Por Nocholas dale
Ha pasado exactamente un mes desde ese domingo en la Plaza de Bolívar cuando el recién posesionado presidente, Gustavo Petro, pronunciaba un largo discurso en el que dibujaba un país muy distinto a la Colombia que hemos conocido durante décadas. El centro de la transformación nacional, aseguraba, era dejar atrás la violencia y alcanzar la “paz total”. Aunque indudablemente ambiciosa, presentó esa propuesta con gran convicción. 31 días después, en los que los titulares sobre polémicas variadas o hechos violentos se han sucedido a una velocidad pasmosa, la magnitud del reto de lograr la “paz total” se ha cristalizado.
En la primera semana, el Gobierno el emprendió el camino con decisión. El canciller, Álvaro Leyva, viajó a Cuba con una pequeña delegación a reunirse con el ELN para abrir una mesa de diálogo. Los gestos de esa guerrilla, como la liberación de 15 secuestrados, incluyendo seis militares, hacían pensar que, de pronto, esta sería la ocasión en que se rompería el mito de que es imposible llegar a un acuerdo con ellos. Sin embargo, pasadas las semanas, queda claro que no será una negociación sencilla por los interlocutores impredecibles y por su espinosa dimensión internacional, que pasa inevitablemente por Venezuela y Cuba.
La paz depende de muchos más actores que el ELN. Por eso, el 30 de agosto el Gobierno radicó un amplio proyecto de ley que tiene el objetivo de implementar una política amplia de paz. Según el mismo, todos los ministerios -y en Colombia hay 18- tendrán un espacio dedicado a la paz, con reuniones cada dos meses para evaluar lo logrado. Aunque la propuesta legislativa deja varios interrogantes, es otra muestra de los pasos decididos del Gobierno hacia su declarada meta principal.
No obstante, la realidad se hizo sentir apenas unos días más tarde. En una vereda en las afueras de Neiva, Huila, en la zona central del país, siete policías fueron emboscados y asesinados. Nadie se ha atribuido el ataque, pero por el nivel de coordinación y planeación que se evidenciaba en su ejecución, los expertos apuntan a que es similar al llamado plan pistola, un ataque a policías por la organización conocida como Clan del Golfo, que ha cobrado la vida de más de 30 policías en lo que va del año. Además, con ese ataque el país cerraba una de las semanas más violentas del año: apenas el fin de semana anterior se habían registrado cuarto masacres, mientras que dos líderes sociales y dos periodistas fueron asesinados. En la mayoría de estos casos, no hay culpable identificado, por lo que se dificulta enormemente la propuesta de diálogo para los diversos grupos criminales que ha esbozado el Gobierno.
A esto se suma tensión que aumenta en ciertas regiones del país, como el norte del Cauca, a raíz de conflictos por el territorio, escenificadas por tomas de tierras a la fuerza por parte de comunidades campesinas, indígenas o afro. Con ellas la ruta trazada por el gobierno hacia la “paz total”, en la que la reforma agraria tiene un papel fundamental, se complica todavía más.
En un contexto así, parece ingenuo incluso sugerir que la paz está en el horizonte. Pero la luna de miel del Gobierno con la ciudadanía va en serio, por lo que todavía cuenta con tiempo para avanzar en su estrategia para la paz. Sin embargo, con cada masacre y cada obstáculo que aparece ese dibujo que pintó el presidente hace un mes en la Plaza de Bolívar queda más y más borroso.