News Press Service
Por: Margarita Restrepo
Nada que
provenga de la JEP, tribunal ilegítimo creado para salvaguardar a las Farc y
garantizar la impunidad de delitos de lesa humanidad, me genera confianza.
Me es imposible olvidar que un grupo de 3 magistrados de esa jurisdicción
fueron los encargados de facilitar la liberación y posterior fuga del
narcoterrorista alias ‘Jesús Santrich’, capo que desde Venezuela se encargó de
reestructurar a las llamadas disidencias de las Farc.
Soy escéptica frente a la JEP porque los colombianos no aceptamos su existencia
y, a pesar de que mayoritariamente nos opusimos a la misma con ocasión de la
convocatoria popular que se llevó a cabo en octubre de 2016, Santos y los terroristas
nos impusieron ese tribunal.
Aquella ha sido una institución marcada por los escándalos, como cuando uno de
sus fiscales, Juan Carlos Bermeo, fue capturado en flagrancia mientras recibía
un multimillonario soborno precisamente para favorecer a los narcotraficantes
de las Farc.
Desde que empezaron los diálogos de La Habana reclamé un tratamiento especial e
inequívoco al reclutamiento forzado de menores. Siendo las Farc el grupo armado
organizado al margen de la ley que más niños ha reclutado en el hemisferio
occidental, era perentorio que los negociadores del gobierno de Santos pusieran
especial cuidado a ese aspecto, situación que no ocurrió.
Con indignación vimos la indolencia de quienes supuestamente velaban por los
intereses de los ciudadanos. El comisionado de paz santista, Sergio Jaramillo,
no hizo nada para impedir el reclutamiento de menores mientras se desarrollaban
las conversaciones. En su momento, cuando le pregunté porqué no se exigía la
suspensión del reclutamiento, me respondió por escrito que “el gobierno ha
explicado en reiteradas oportunidades que el actual proceso de conversaciones
en La Habana, se da en medio de la continuación del conflicto armado interno en
Colombia. Lo anterior implica que los hechos lícitos y los hechos ilícitos en
medio del conflicto continúan sucediendo en el terreno…”.
En resumen, Jaramillo se lavó las manos y, por omisión, permitió que las Farc
continuaran reclutando menores de edad.
Las noticias respecto de esa tragedia son cada vez más indignantes. Hace poco
leí un informe en el que el presidente de la comisión de la verdad, el polémico
sacerdote Francisco de Roux, narraba que los menores reclutados por las Farc
eran obligados a enterrar a otros niños que morían en combates o que eran
ajusticiados brutalmente por los cabecillas de la guerrilla.
Ahora ha trascendido que la JEP, esa misma que lleva años enteros perdiendo el
tiempo, ha llamado a 47 cabecillas de las Farc para que respondan por el
reclutamiento de menores. Entre los citados están la genocida Victoria Sandino
y el terrorista internacional Rodrigo Granda.
Vamos a ver qué sucede con ese llamamiento. No espero absolutamente nada, pues
la JEP está enfocada en la persecución de los miembros de nuestra Fuerza
Pública y no en la impartición de “justicia” -si es que así puede llamársele- a
los miembros de la guerrilla que están bajo su jurisdicción.
