Bogotá, febrero de 2026. News Press Service. En el marco del debate de oposición sobre la Proposición 1197: “Fusión o cierre de Instituciones Educativas Distritales (IED), entrega de docentes y evaluación del Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, la concejala Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, presentó un diagnóstico detallado sobre la situación educativa de la ciudad y cuestionó la gestión de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, señalando que Bogotá enfrenta una crisis estructural marcada por la reducción sostenida de matrícula, el aumento de la deserción en educación media, la profundización de desigualdades territoriales y una preocupante estigmatización del magisterio.
Durante su intervención, la concejala alertó que para 2024 la población en edad escolar entre los 3 y 16 años en Bogotá asciende a 1.340.590 niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, entre 2020 y 2024 esta población disminuyó en 36.808 personas, lo que representa una reducción promedio anual del 0,67 %.
Aunque la administración distrital ha atribuido esta tendencia principalmente a la transición demográfica y a fenómenos migratorios, Bernal insistió en que es indispensable analizar otros factores estructurales como el embarazo adolescente, el deterioro socioeconómico de los hogares, las violencias urbanas, el reclutamiento forzado y la desaparición de jóvenes, situaciones que podrían estar incidiendo en la salida temprana del sistema educativo.
La reducción no solo se evidencia en la población general sino también en la matrícula oficial. Para 2025, Bogotá cuenta con 785.191 cupos en establecimientos educativos oficiales, equivalentes al 58 % de la oferta distrital.
No obstante, entre 2024 y 2025 se registró una disminución del 2,5 % en la matrícula, es decir, 17.902 estudiantes menos, pasando de 726.113 a 708.201 matriculados.
“Estamos perdiendo generaciones que no culminan su educación media. La ciudad necesita respuestas claras sobre las medidas para contener la deserción”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos señalados por la concejala es la caída en el tránsito a partir del grado noveno. En 2025 la matrícula en este nivel pasó de 52.670 estudiantes a 45.544, lo que evidencia una ruptura significativa en la trayectoria escolar.
Bernal pidió a la administración distrital información detallada sobre si la deserción se concentra en determinadas localidades, si afecta de manera diferencial a hombres o mujeres y qué relación guarda con fenómenos como violencias intrafamiliares, consumo de sustancias psicoactivas o inseguridad territorial.
También subrayó la necesidad de analizar con mayor profundidad el tránsito entre la educación media y la educación superior como momento determinante en los proyectos de vida de la juventud bogotana.
La concejala advirtió además sobre la persistencia de desigualdades territoriales en la oferta educativa. En algunas UPZ como El Rincón y Tibabuyes, en la localidad de Suba, la categoría es “muy insuficiente”, mientras que sectores de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar presentan insuficiencia media. Esta brecha en el acceso profundiza las desigualdades sociales y limita las oportunidades de niños y jóvenes en zonas vulnerables.
A ello se suma la situación de las comunidades rurales y de borde de la ciudad, donde persisten dificultades en transporte escolar, conectividad y apoyos pedagógicos, sin que existan proyectos de inversión estructural suficientes en la actual administración.
En materia de calidad educativa, Bernal señaló que solo el 18 % de los colegios oficiales se ubica en niveles de desempeño superior. El 33 % de los estudiantes se encuentra en niveles bajos en lectura, el 43 % en matemáticas y apenas el 9 % logra graduarse con un nivel intermedio B1 o superior en inglés.
Frente a estos resultados, la cabildante cuestionó la narrativa que responsabiliza principalmente a docentes y estudiantes, y sostuvo que la crisis debe entenderse desde factores estructurales como currículos desactualizados, debilitamiento de la formación docente, infraestructura insuficiente y baja participación familiar. “Pretender que el magisterio enfrente estos retos sin una política de Estado robusta es una valoración infundada y cargada de sesgos ideológicos”, afirmó.
La concejala denunció también un ambiente de estigmatización hacia el magisterio distrital y el deterioro en sus condiciones laborales. Señaló que en algunos colegios privados de localidades como Bosa y Kennedy docentes reciben remuneraciones cercanas a 1.700.000 pesos, mientras que en el sector oficial persisten barreras en el acceso a servicios de salud y afectaciones a su calidad de vida por contextos de violencia escolar.
“Perseguir y estigmatizar al magisterio no es el camino para mejorar la educación pública. Se requiere diálogo institucional y garantías de dignidad para todos los actores de la comunidad educativa”, enfatizó.
En contraste, Bernal destacó las cifras nacionales en materia de educación superior, señalando que para 2024 la matrícula alcanzó 2.553.560 estudiantes y la tasa de cobertura pasó del 54 % en 2022 al 57,53 % en 2024. Asimismo, resaltó que el presupuesto nacional para educación aumentó de 64,7 billones de pesos en 2022 a 79,2 billones en 2025, el más alto en la historia del país.
Entre los logros reportados se encuentran 190 mil nuevos cupos en educación superior pública, 1,3 millones de jóvenes beneficiados con matrícula gratuita y 128 proyectos de infraestructura financiados entre 2023 y 2025 por 1,47 billones de pesos.
En ese contexto, la cabildante subrayó la importancia estratégica del multicampus de Suba como apuesta para ampliar el acceso a educación superior pública en la ciudad. Recordó que tras analizar más de 280 predios se identificaron tres inmuebles viables en la intersección de la Avenida Suba con la proyección de la ALO, donde el Ministerio de Educación priorizó la construcción de infraestructura modular con una inversión inicial de 12 mil millones de pesos.
Además, mediante la aprobación del CONPES 4181 en enero de 2026, se proyectaron vigencias futuras por 215 mil millones de pesos para el campus de Suba, dentro de un paquete nacional de 6,8 billones destinados al fortalecimiento de la educación superior.
No obstante, Bernal advirtió que la articulación entre Nación y Distrito ha sido tensa y que la baja voluntad política de la administración distrital está ralentizando la ejecución de estos proyectos.
Señaló que el Distrito debe garantizar recursos para funcionamiento, bienestar y gobernanza del multicampus, y evitar que su administración sea tercerizada en grandes operadores privados, como ocurre con algunos colegios en concesión.
La concejala concluyó su intervención reiterando que la ciudad debe analizar con mayor profundidad la reducción de matrícula en grados noveno y décimo, fortalecer la educación básica y media como espacios seguros y de futuro, mejorar la relación con el magisterio mediante el diálogo y asumir con mayor celeridad y voluntad política los trámites y apropiaciones presupuestales necesarios para sacar adelante los multicampus de Suba y Kennedy.
“Negar o ralentizar estas apuestas estratégicas es vulnerar el derecho a la educación de los sectores más vulnerables de Bogotá. La educación no puede ser escenario de confrontación ideológica, sino un compromiso colectivo con el presente y el futuro de la ciudad”, concluyó.
