Bogotá, junio de 2026. News Press Service. Iván Cepeda no tiene un programa de gobierno detallado. Pero en sus más de 100 discursos de plaza pública ha lanzado propuestas ambiciosas. Muchas de ellas a un gran costo fiscal en medio de unas finanzas públicas en crisis, como la entrega de 1 millón de hectáreas de tierras o la ampliación de 3 a 5 millones de adultos mayores beneficiados con transferencias monetarias.
En el tema del que sabe más, las negociaciones de paz, no ha dado detalles. Salvo la condición de no negociar con los grupos armados mientras asesinan a líderes sociales. Frente al “acuerdo nacional” sigue sin decir cómo, en cuánto tiempo y a través de qué mecanismos piensa lograrlo.
Estas son las diez propuestas más transformadoras y concretas de su programa:
1. Endurecer las penas y la persecución judicial contra los corruptos
Cepeda tiene muchas propuestas para luchar contra la corrupción, uno de los grandes lastres del gobierno Petro. Las engloba dentro de lo que llama el “Sistema Nacional Anticorrupción” e incluye medidas punitivas y más dientes para las instituciones judiciales. El diagnóstico del senador es que el Estado está capturado por grandes estructuras políticas que corrompen las instituciones y saquean sus recursos. “Las cadenas de corrupción no se investigan caso por caso: se investigan como sistemas, con procesos ágiles y coordinados”, ha dicho.
El senador ha propuesto tres medidas punitivas que requieren pasar por el Congreso:
Tipificar la “gran corrupción” como un delito grave. Defiende que los condenados por este tipo penal no deben recibir ningún beneficio judicial, como la casa por cárcel.
Tipificar el robo de recursos destinados a víctimas como crimen de lesa humanidad.
Crear una instancia de juzgamiento especial, “al más alto nivel”, para los casos de “corrupción sistemática”. Cepeda no ha precisado si se trata de una nueva jurisdicción especial, o una nueva especialidad de la jurisdicción ordinaria.
Cepeda también tiene dentro de su programa la creación de la Unidad Nacional de Investigación de la Macrocorrupción dentro de la Fiscalía, una medida que requiere de una decisión administrativa dentro de una institución de otra rama de poder. Es decir, no depende del gobierno.
Tres de las principales propuestas dependen directamente de la voluntad del presidente: fortalecer la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la dependencia del Ministerio de Hacienda clave para la lucha contra el lavado de activos; darle autonomía técnica y administrativa a la Secretaría de Transparencia de Presidencia; y crear un equipo especializado para supervisar los recursos del Sistema General de Regalías, el mecanismo que distribuye en las regiones el dinero de la explotación de recursos naturales.
2. Entregar 1 millón de hectáreas de tierras adicionales
Cepeda se comprometió a aumentar en un millón las hectáreas de tierras para la reforma agraria. Según cifras del gobierno, a corte de diciembre, han ingresado poco más de 700 mil hectáreas al Fondo de Tierras, la bolsa para luego distribuirlas a campesinos o comunidades étnicas. De estas, el gobierno ha entregado efectivamente más de 270 mil hectáreas.
El gobierno Petro ha logrado estas cifras con presupuestos históricos para la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En 2024, por ejemplo, la ANT cuadruplicó su presupuesto frente al 2023. La entidad pasó de tener de poco menos de un billón a 4,9 billones de pesos sólo para invertir.
Cepeda se ha puesto una meta igual de ambiciosa, pero con unas finanzas públicas muy frágiles tras la tormenta fiscal que enfrenta el gobierno.
El senador además propone profundizar la política de subsidios para la producción agrícola, como la entrega de maquinaria. En Valledupar también se comprometió a compras masivas por parte del Estado para los cultivos de yuca, maíz y ñame con el objetivo de “eliminar a los intermediarios que arruinan al campesinado”.
Cepeda se comprometió a aumentar en un millón las hectáreas de tierras para la reforma agraria. Según cifras del gobierno, a corte de diciembre, han ingresado poco más de 700 mil hectáreas al Fondo de Tierras, la bolsa para luego distribuirlas a campesinos o comunidades étnicas. De estas, el gobierno ha entregado efectivamente más de 270 mil hectáreas.
El gobierno Petro ha logrado estas cifras con presupuestos históricos para la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En 2024, por ejemplo, la ANT cuadruplicó su presupuesto frente al 2023. La entidad pasó de tener de poco menos de un billón a 4,9 billones de pesos sólo para invertir.
Cepeda se ha puesto una meta igual de ambiciosa, pero con unas finanzas públicas muy frágiles tras la tormenta fiscal que enfrenta el gobierno.
El senador además propone profundizar la política de subsidios para la producción agrícola, como la entrega de maquinaria. En Valledupar también se comprometió a compras masivas por parte del Estado para los cultivos de yuca, maíz y ñame con el objetivo de “eliminar a los intermediarios que arruinan al campesinado”.
Una de las principales falencias de la política de tierras del gobierno Petro es la falta de proyectos productivos que vuelvan rentable la tenencia de los predios, como lo ha reportado La Silla a lo largo de los últimos cuatro años.
3. Reformar la Ley 80 de contratación para favorecer al movimiento social
Cepeda quiere impulsar una transformación de la ley de contratación pública para facilitar que las juntas de acción comunal, las ollas comunitarias o los mercados campesinos accedan con más facilidad a contratos o licitaciones. “El estatuto actual de contratación, que es la Ley 80 de 1993, está hecha para grandes contratistas, no para las organizaciones comunitarias”, ha dicho el senador.
El senador sostiene que el registro sanitario, el registro mercantil y el registro tributario son obstáculos para la “contratación con sectores de economía popular”. Su alternativa es un “régimen simplificado, pedagógico y comunitario que permita a las organizaciones populares ser sujetos de contratación con transparencia, pero sin ahogarlos en requisitos imposibles”, dice.
La propuesta de Cepeda tiene dos objetivos, según su propio discurso. Por un lado, redistribuir la contratación pública en favor de pequeños contratistas vinculados con organizaciones sociales, en las que la izquierda tiene una gran influencia. Y, por el otro, implicar a las comunidades en la ejecución de los recursos que los beneficia directamente.
4. Un “acuerdo nacional” que profundice las reformas de la izquierda
Es una propuesta transversal a todo su programa. El senador ha dicho que su primera medida como presidente será convocar un gran “diálogo nacional” para discutir los “problemas de fondo” del país. “Vamos a construir un verdadero acuerdo nacional que sea el resultado de un diálogo entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, y no simplemente la reproducción de un nuevo pacto elitista en Colombia”, dijo en un discurso en Bogotá.
Cepeda ha sido reacio a entregar detalles sobre el método, los actores y los temas a discutir en ese “diálogo nacional”. Sin embargo, el objetivo del acuerdo que promueve apunta a “impulsar las grandes transformaciones que Colombia reclama”, como dijo en un discurso en Sucre. En un discurso en México, Cepeda mencionó seis temas para la agenda de ese diálogo. Entre ellos, “la búsqueda de salidas negociadas con otros grupos armados” y “la lucha contra la macrocorrupción”.
Este fin de semana, en entrevista con RCN, dio algunos detalles más sobre cómo se imagina esa mesa de diálogo. Dice que deben ser convocados los “sectores estratégicos del país”. El senador mencionó a los movimientos sociales, los sectores empresariales, los jefes de los grandes conglomerados económicos, los partidos políticos y los sectores académicos.
5. Entregarles más bienes y servicios a las víctimas del conflicto
Para Cepeda, las víctimas del conflicto armado son el verdadero sujeto revolucionario de Colombia. El senador piensa que en sus verdades sobre la violencia están las herramientas esenciales para hacerle rendir cuentas al establecimiento y reconstruir el tejido social en el país. En su programa las propuestas para mejorar su atención o su participación en el Estado aparecen en múltiples frentes.
En general, el senador propone ampliar las prestaciones sociales y mejorar los servicios básicos para las víctimas y sus familias. Dice que se debe ampliar el concepto de “reparación integral” para que vaya más allá de una indemnización económica o una sentencia judicial. E incluye atención psicológica para sus familias, educación, proyectos productivos e inversión e infraestructura básica como acueductos, vías terciarias y viviendas en las zonas de conflicto.
También propone crear lo que llama un “subsistema de protección y garantía” dentro de la reforma agraria para las víctimas de despojo de tierras. Cepeda quiere acelerar la entrega de predios que administran el Fondo de Reparación de Víctimas (FRV) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Como La Silla ha reportado, los problemas y la lentitud para sanear la titulación de los bienes administrados por estas dos entidades es uno de los principales cuestionamientos de las personas beneficiadas.
Cepeda también quiere construir un “museo de la memoria nacional” y hacer obligatorio en colegios y universidades los informes de la Comisión de la Verdad “para que las nuevas generaciones conozcan la historia real del país”, dice.
6. Condicionar las negociaciones de paz a la protección de líderes sociales
Cepeda es un convencido de que los diálogos de paz son la salida para lo que considera es un “conflicto armado” en Colombia. Pero los detalles de lo que hará son escasos.
“Y a los grupos armados lo digo con claridad: no habrá diálogo si hay asesinato de lideresas y líderes sociales”, dijo Cepeda en un discurso en Valledupar luego de condenar el asesinato del periodista Mateo Pérez, en Antioquia. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo van asesinados 34 líderes sociales. En 2024, fueron 170 los líderes asesinados, buena parte en medio del fuego cruzado de las disidencias de alias “Calarcá” o del Clan del Golfo.
Por ahora, esta es la única condición concreta que Cepeda les ha puesto a los grupos armados para negociar. El senador no ha entregado detalles sobre cuáles serán sus criterios para emprender nuevas negociaciones. Tampoco ha dicho cuál es su balance sobre la paz total, una política que diseñó, en el que tiene una cuota de responsabilidad por su fracaso y que fortaleció a los grupos criminales en el país.
Como negociador, Cepeda fue uno de los principales promotores del acuerdo sobre el modelo de participación de la sociedad civil con el ELN, una de las reivindicaciones históricas de esa guerrilla. También fue responsable en promover un marco jurídico ambiguo para incentivar las negociaciones con grupos armados. Y ha defendido la tesis de que la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc fundada por Jesús Santrich e Iván Márquez, se le debe reconocer un estatus político.
7. Eliminar el Consejo Nacional Electoral (CNE)
En varios discursos, Cepeda ha propuesto eliminar el órgano electoral. Lo empezó a mencionar más cuando el CNE no le permitió participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo. Según el CNE, el senador incumplió la regla electoral que no permite a un candidato participar en dos consultas interpartidistas al participar en la consulta del Pacto Histórico del 2025.
En paralelo, el presidente Petro también ha señalado al CNE como una entidad en la que se conspira en su contra para sacarlo de la Casa de Nariño. Los ataques los intensificó en medio de la investigación por las irregularidades en la financiación de la campaña Petro en 2022, que fue sancionada por violarse los topes.
En cualquier caso, desde hace años expertos en instituciones electorales coinciden en la necesidad de reformar a profundidad el CNE.
Por ejemplo, en 2017, la Misión Electoral Especial recomendó la creación del Consejo Electoral Colombiano (CEC), un órgano compuesto de siete consejeros elegidos por ternas presentadas por las altas cortes y el presidente. Este diseño cambiaría por completo la actual escogencia de los magistrados, que son nombrados a partir de la fuerza de los partidos en el Congreso, lo que mina su independencia y la imparcialidad de los criterios jurídicos que utilizan para interpretar las reglas electorales.
“No se trata tanto de eliminar al CNE como de reformarlo para darle más fortaleza y legitimidad a su rol de vigilancia. En este ciclo electoral hemos visto sus falencias: la falta de claridad sobre la reposición de votos, o las decisiones contradictorias sobre las consultas populares del Pacto. Pero a nadie le gusta autorregularse y menos a la clase política”, dice el abogado Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE).
8. Más transferencias directas para viejos, familias y jóvenes pobres
Cepeda se comprometió a que el programa Colombia Mayor pase de 3 a 5 millones de beneficiarios. Según cifras oficiales, en el último año el gobierno logró duplicar la cobertura de los adultos mayores beneficiados con un subsidio que pasó de 80 mil a 230 mil pesos. La sostenibilidad de su financiación depende de la entrada en vigencia de la reforma pensional, temporalmente suspendida por demandas contra la legalidad por su accidentado trámite por el Congreso.
Para 2026, el costo estimado de Colombia Mayor ascendió a más de 8 billones de pesos, dos terceras partes de todo el presupuesto de una alcaldía grande como la de Medellín. Lograr el objetivo de Cepeda implicaría una gran presión para el gasto social en medio de una crisis fiscal que tiene al gobierno con una deuda histórica y un tesoro en mínimos.
El senador también quiere ampliar los programas de Renta Joven y Renta Ciudadana, los dos principales programas de transferencias monetarias condicionadas que entrega el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Cepeda no ha fijado una meta en beneficiarios o montos para estos programas. En todo caso, ambas transferencias son dirigidas a más de 800 mil personas con montos entre 200 mil y 500 mil pesos.
Y esta semana, en una reunión con personas discapacitadas, se comprometió con una renta especial para esa población.
9. Prohibir el fracking en yacimientos no convencionales
Los candidatos de centro, como Sergio Fajardo o Claudia López, están de acuerdo con implementar pilotos de fracking mientras que Paloma Valencia promueve abiertamente la explotación de combustibles fósiles a partir de esta técnica empleada en potencias minero energéticas como Estados Unidos o Canadá.
El senador además promete hacer respetar las consultas populares contra la minería que se han realizado en regiones como Mocoa y Jericó, que han sido anuladas por el Consejo de Estado. También plantea la expedición de un nuevo Código Minero y está en contra de la minería en páramos y “santuarios ecológicos”.
En todo caso, Cepeda ha incluido la transición energética como uno de los principales puntos a discutir en el “diálogo nacional” que promueve. Para este tema ha llamado a la Unión Sindical Obrero (USO), cuya directiva nacional es favorable a los pilotos de fracking ante la disminución de reservas de petróleo y gas en Colombia.
En entrevista con RCN, anunció que pronto se va a reunir con el Consejo Nacional Gremial, el gremio de gremios crítico del gobierno. Dijo que uno de los temas a tratar es el de la explotación de hidrocarburos y la transición energética. “…cuando hablo de diálogo nacional también me refiero a la posibilidad de que con el empresariado y con los gremios que se dedican a esa explotación y a esa exploración tengamos pues un raciocinio que nos lleve a buscar un justo medio”, dijo.
10. Pedir más tiempo para implementar el Acuerdo de Paz con las Farc
Cepeda quiere solicitar ante Naciones Unidas la posibilidad de extender por cuatro años más el plazo para implementar el Acuerdo de Paz con las Farc. Según su cronograma, antes de 2031 debe haberse implementado. Sin embargo, el Instituto Kroc, que monitorea los avances, ha advertido que al ritmo que avance es poco probable que se cumpla.
“Como lo ha propuesto el presidente Petro, me comprometo a buscar la prórroga de la implementación, por cuatro años más, dado que hemos perdido, especialmente bajo el tristemente recordado gobierno del expresidente Iván Duque, valiosos años de implementación”, ha dicho el senador.
En un discurso reciente desde el Carmen de Bolívar, Cepeda agitó la campaña del Plebiscito del 2016 para cuestionar al uribismo por sus críticas al acuerdo. Señaló al gobierno Duque de atacar el acuerdo de paz con las Farc, intentando debilitar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pero no le achacó ninguna responsabilidad a la falta de implementación del acuerdo al gobierno Petro, pese a que expertos y excombatientes han señalado las deudas del gobierno con su cumplimiento.
Cepeda dice que acelerará los planes de desarrollo de las regiones Pdet, los 16 territorios priorizados por el acuerdo. Sobre todo en inversiones de servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica, y en darle continuidad a los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
