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El País
El Congreso de Colombia ha dejado hundir, por segunda vez consecutiva, un proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión sexual para la comunidad LGBTIQ+.
Esta decisión significa una negativa a garantizar los derechos para esta población y, al tiempo, confirma el superpoder político de las iglesias cristianas y los partidos conservadores, principales opositores de la iniciativa.
El proyecto, que había pasado con éxito los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, pretendía impedir que en el país se sigan usando de forma legal distintos tipos de violencia física o psicológica para tratar de cambiar, corregir o reprimir la orientación sexual o la identidad de género a cualquier persona.
Para ello, proponía sanciones administrativas y penales a quienes hicieran o promovieran este tipo de conductas, vistas por la ONU como una forma de tortura.
“Nunca el Congreso de Colombia ha expedido una ley cuya población objetivo principal sea la comunidad LGBTIQ+. Todos los derechos los hemos ganado gracias a la Corte Constitucional, no gracias al Congreso que siempre ha evadido esos debates”, dice por teléfono Carolina Giraldo, representante a la Cámara del partido Verde y ponente del proyecto.
Giraldo lamenta que la Comisión Primera del Senado ni siquiera haya discutido la iniciativa, que debía ser aprobada este miércoles para que pudiera seguir su curso y ser avalada por la plenaria antes del 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo
Los senadores que no estaban de acuerdo con el proyecto lograron modificar el orden del día para evitar que se debatiera, por lo que terminó archivado por falta de apoyos y de tiempos. Otra de las ponentes, la senadora del Pacto Histórico Clara López, lamentó el archivo. “Hay un grave retroceso, fue vetada la discusión.
No podemos ir para atrás. Las convicciones religiosas individuales de los congresistas están primando por encima de lo que ordena la Constitución.
Eso afecta a la población LGBTIQ+. Muchos no la quieren ver existir, pero existe y no vale menos”, dijo al comprobar que el proyecto se hundía. La también excandidata presidencial insiste en los riesgos para la democracia de no prohibir estas prácticas, que en Colombia han incluido electrochoques y ahogamientos: “Parece que las minorías y las mujeres valemos menos en esta sociedad patriarcal. Manipularon el reglamento para evitar que se discutiera. Me temo que este sea el regreso al oscurantismo, a la persecución y a la falta de respeto por la dignidad de las personas”.
En la otra orilla está la senadora María Fernanda Cabal, del derechista Centro Democrático, quien fue una de las que más se opuso al proyecto. “He presentado ponencia negativa contra el proyecto de ley “inconvertibles” que atenta contra la autonomía familiar impidiendo a los padres orientar a sus hijos, pasando por encima de la patria potestad y generando duplicidad normativa que erosiona la estabilidad jurídica”, escribió en su cuenta de X.
Además de ella, el senador verde Jota Pe Hernández y varios senadores del Partido Conservador expresaron su rechazo a la prohibición. Uno de los senadores del Partido Conservador, Óscar Giraldo, recoge su caudal electoral de la organización ultracatólica Lazos de amor mariano, a la que pertenece y que ha practicado las supuestas terapias de conversión.
El youtuber Hernández es hijo de pastores de iglesias cristianas, y parte de sus bases políticas vienen del movimiento de la fallecida diputada santandereana Ángela Hernández, recordada por sus posiciones ultraconservadoras y en contra de la población LGBTIQ+.
