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Momentos de grandes dificultades e incertidumbres generadas por las crisis climática, de salud, de empleo, social, educativa, de seguridad alimentaria, energética y de costo de vida exige repensar las políticas públicas de corto y mediano plazo en América Latina.
En un documento publicado por la CEPAL seña que en el corto plazo, la región enfrenta grandes desafíos en materia de la política económica y social, ante la necesidad de conciliar políticas dirigidas a impulsar la reactivación económica, hacer frente a la inflación y la crisis de costo de la vida y mantener el apoyo a los hogares más vulnerables, junto con fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Sin embargo, advierte, que con lo difícil que es la coyuntura mundial actual, son los factores estructurales de largo plazo los que plantean los retos mayores: incrementar la productividad, transformar los sistemas económicos y productivos para crear más y mejores empleos, avanzar hacia economías tecnológicamente más sofisticadas con bajas emisiones de carbono que permitan enfrentar el cambio climático.
Hacia la transformación del modelo de desarrollo es necesario reducir las brechas y las heterogeneidades estructurales, transformar los sistemas educativos en verdaderos motores de movilidad social y de crecimiento, eliminar las brechas de género y avanzar hacia sistemas universales de protección social en el marco de sólidos Estados de bienestar, por mencionar solo algunos de los más importantes.
Además, un proceso inflacionario en la economía mundial, de una forma que no se había experimentado en los últimos 20 años, está condicionando significativamente la política monetaria de las economías desarrolladas y de aquellas de la región.
Dice la CEPAL que las políticas de estímulos fiscales y monetarios adoptadas durante la pandemia han sido sustituidas por políticas más restrictivas, que se han expresado en aumentos de la tasa de política monetaria en casi todos los países de la región.
Por otra parte, la situación fiscal de la mayoría de los países se ha deteriorado como resultado de los grandes esfuerzos fiscales que se hicieron para enfrentar los peores momentos de la crisis del COVID-19 y sus consecuencias sociales. La situación social en América Latina y el Caribe también se ha deteriorado, y se han producido aumentos considerables de los niveles de pobreza, que reflejan los efectos de la pandemia y de la contracción económica que la acompañó.
Las desigualdades de ingresos también registraron un aumento significativo tras la irrupción de la pandemia, lo que conlleva un deterioro de las condiciones de vida y las expectativas económicas no solo de los segmentos más pobres, sino también de los estratos medios, con importantes implicaciones políticas y sociales. A esto se han sumado grandes flujos migratorios, a los que debemos atender.
Es fundamental dar sostenibilidad al gasto público y evitar ajustes que profundicen el proceso de desaceleración de la actividad económica y que comprometan el apoyo a los sectores más vulnerables.
Esto implica ampliar el espacio fiscal y crear una gobernanza macroeconómica que permita que los ciclos económicos contractivos sean menos largos y profundos, y que los ciclos de expansión sean más sostenibles en el tiempo. Además de enfrentar los difíciles retos que impone la actual coyuntura, las economías de la región deben abordar el desafío de revertir el bajo crecimiento de la productividad y de la inversión en las últimas tres décadas, que se ha transformado en una limitante estructural del desarrollo.
Es necesario repensar las políticas productivas CEPAL 2022 para que la región se integre aceleradamente a las revoluciones tecnológicas que han cambiado el paradigma productivo. Las políticas productivas para la recuperación deben tener, además del adecuado marco macroeconómico y financiero, una dimensión sectorial.
Aunque la especificidad sectorial debe ser definida en cada contexto nacional, la CEPAL propone prestar especial atención a, por lo menos, nueve sectores con alto potencial dinamizador y transformador: la transición energética, la electromovilidad, la economía circular, la bioeconomía, la industria manufacturera de la salud, la transformación digital, la economía del cuidado, el turismo sostenible y el sector conformado por las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la economía social y solidaria. Las revoluciones tecnológicas generan olas de destrucción creadora con efectos socioeconómicos transformadores.
OBJETIVOS
El reto de política es lograr que las dinámicas creativas y de innovación vayan por delante y superen a las dinámicas destructivas, y que los sectores sociales y laborales afectados se beneficien de sistemas de protección social y de políticas activas de mercado laboral (inserción laboral y entrenamiento) para aprovechar las oportunidades del nuevo mundo del trabajo que la revolución tecnológica está creando.
También se debe impulsar una reactivación y transformación del aparato productivo que sea ambientalmente sostenible, ya que, de no ser así, no será exitosa para reducir los efectos del cambio climático. Los efectos derivados del cambio climático se experimentan más fuertemente en los países menos desarrollados, que, junto con ser los que menos emisiones de gases de efecto invernadero producen, están menos preparados para enfrentar sus consecuencias adversas. La transformación de la estructura productiva necesaria en América Latina y el Caribe será el resultado de elecciones de política, tal como ha ocurrido en la historia de todos los países que han escapado de la trampa del ingreso medio y han llegado a ser países de ingresos altos, y no solo el resultado del destino en la dotación de factores.
La dimensión institucional y de economía política en coevolución con la estructura productiva define el estilo de desarrollo. Los países que adoptaron políticas de transformación y diversificación productiva y las sostuvieron en el tiempo lograron mejores resultados en términos de crecimiento en el largo plazo que los que no las sostuvieron.
Los 8 Hacia la transformación del modelo de desarrollo… – Síntesis bajos niveles de inversión y productividad observados en los países de la región en las últimas tres décadas, así como su trayectoria decreciente, son resultado de la baja capacidad de dichos países de realizar y sostener los cambios requeridos en la estructura productiva y, con esto, en la cantidad y la calidad del empleo.
En América Latina y el Caribe se debe mejorar la capacidad institucional del Estado para diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas necesarias para el cambio estructural sostenible. Las políticas públicas deben tener efectos disruptivos en la composición de la estructura productiva de la región, por lo que deben ser llevadas adelante por ministerios y secretarías que cuenten con influencia política y capacidades institucionales. Las iniciativas de política productiva, industrial y tecnológica requieren de apoyos institucionales y políticos, y de capacidades que permitan implementarlas de manera eficaz. Los países también carecen de Estados y sistemas de bienestar sólidos.
La transición hacia sistemas universales de acceso a ciertos bienes y servicios que son centrales para el bienestar y el aumento de la productividad (por ejemplo, la salud y la educación) constituye un desafío que aún no se ha incorporado plenamente en las políticas públicas de la región. El combate a la pobreza y a la desigualdad requiere de más empleo formal y políticas sociales que conduzcan a sistemas universales de protección social.
En ambas dimensiones se deben considerar y atacar otras fuentes de desigualdad, como las vinculadas al género, la condición étnico-racial o la edad, y aquellas que se relacionan con el deterioro ambiental.
La protección social universal no solo es un imperativo moral del desarrollo, sino que además contribuye tanto a la justicia social como al crecimiento y la capacidad de adaptación de la economía, y por ello la región debe proponerse avanzar hacia Estados de bienestar.
Superar los problemas que frenan a la región y la mantienen en una trayectoria de lenta inversión, bajo crecimiento y alta desigualdad exige aplicar una amplia gama de políticas, macroeconómicas, sociales, ambientales y productivas, con una fuerte dimensión sectorial.
