En Cauca, (foto) es el departamento en el que se gestaron las invasiones a predios. Dicen que son tierras ancestrales que les pertenecen. FOTO AFP
News Press Service
El Colombiano
La carta de las comunidades indígenas del Cauca es muy clara en su postulado: No se irán. Los comuneros que han llegado a los predios en Cauca y han permanecido por varios días, continuarán en ellos hasta que desde el gobierno del presidente Gustavo Petro escriture esos terrenos a las comunidades.
“Al gran jefe (Petro) también le mandamos a decir que vamos a entrar en otras fincas porque nuestra lucha no se detiene”, dice la misiva del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que los comuneros no son invasores y que, por el contrario, están recuperando una tierra que les robaron a sus ancestros.
Unos párrafos más adelante, el CRIC hace una invitación a las comunidades de otras regiones “que están haciendo la lucha directa por la tierra a que no se salgan de las fincas. Invitamos a más familias, más comunidades en el norte del Cauca y en Colombia y en el mundo a que entren en más fincas y se posesionen”.
Además, expresan su descontento con las afirmaciones y las salidas que ha dado el gobierno al ocupamiento de estas tierras, y señalan que no entienden cómo o por qué el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, los tildan de invasores.
El mensaje del CRIC caló hondo, y otras comunidades campesinas de los departamentos de Cesar y Magdalena se sumaron a la iniciativa de ingresar a los predios bajo la premisa de la “democratización de la tierra”, un punto que fue bandera en la campaña presidencial del actual presidente de Colombia.
Estas comunidades campesinas se nombran a sí mismas como “liberadores de la tierra” y explican que sin su lucha “esos predios que el Estado llama baldíos, pero que deja a merced de mafias narcoparamilitares, estarían devastados. Serían el reino de palma aceitera que roba toda fertilidad a la tierra y explota al campesino sin tierra convertido, a la fuerza, en jornalero sin derechos. Serían tierras de búfalos, utilizados como instrumentos del despojo y la muerte de ciénagas y humedales cuyos nombres se perderían en la memoria de nuestros viejos”.
De la misma forma que los indígenas expresaron su indignación con el gobierno de Gustavo Petro por el tema de las tierras, las comunidades campesinas se mostraron indignadas por la posición oficial y expresaron su asombro “por las recientes declaraciones de un Gobierno que asumimos como propio, realizando afirmaciones que estigmatizan la lucha por la tierra, que criminalizan en lugar de convocar al diálogo para trazar los caminos que nos conduzcan a la reforma rural integral y popular en la que hemos puesto nuestro trabajo, nuestra vida y nuestros muertos”.
¿Una guerra civil?
El brote de las invasiones de tierra ya ha dado sus frutos y ha comenzado a extenderse por otros departamentos: La Guajira, Santander, Valle del Cauca, Cauca, Cesar, Huila, Córdoba y Atlántico viven en carne propia la construcción de cambuches en predios considerados privados.
Este asunto llevó a posiciones diferentes entre los congresistas de diferentes orillas. Para Alirio Barrera, senador del Centro Democrático, estas acciones podrían desencadenar en una guerra civil si no se les pone freno.
“El derecho a la tierra es inviolable, pero también lo es la sana posesión, y seguir debilitando las fuerzas legítimas del Estado para darle poderío a las comunidades, puede terminar en una guerra civil. Ojo con eso. Quedan advertidos”.
Por su parte, el congresista del partido Comunes (antes Farc), Julián Gallo, indicó que “ante la creciente conflictividad alrededor de la tierra, proponemos al Gobierno Nacional que lidere una mesa de diálogo donde estén los partidos con representación en el Congreso, organizaciones campesinas que luchan por la tierra, étnicas, sociales y los propietarios de tierras”.
Frente a la petición, el gobierno recordó que ya hubo un primer encuentro con autoridades del Cauca para buscar una solución negociada.
Qué dice la institucionalidad
Días después del inicio de las invasiones, integrantes del gabinete presidencial dieron un plazo para que salieran de los predios o serían desalojados. La llegada del Esmad el viernes a Caloto, Cauca, desencadenó un enfrentamiento que dejó un policía y un número sin precisar de comuneros lesionados.
Tres días después, la ministra de Agricultura, Cecilia López, expresó ante los medios de comunicación que se sigue teniendo una puerta abierta al diálogo, pero no se permitirá que continúen estas acciones, y lo ideal es no llegar a los desalojos de los predios.
La procuradora Margarita Cabello también se pronunció y manifestó que desde las funciones de la Procuraduría se buscará que los derechos que reclaman los campesinos e indígenas, como el de tener acceso a la tierra, sean protegidos, pero también envió un mensaje al gobierno al indicar que “la propiedad privada en un país democrático tiene que ser respetada, tiene que ser protegida”. Cabello instó a un diálogo en el marco de ir más allá de pedir tierras y centrarse en un diálogo para lograr acuerdos de una reforma rural integral en el país
