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Libro Cómplices & Fronteras S.A. de Gerney Ríos González
La dignidad es como la virginidad.Después que se pierde, no hay nada que defender. Los colombianos recuerdan con dolor y actitud el robo de un gol a Yepes en el mundial de Brasil. Sin embargo no se ha dado por enterado de la pérdida – hasta el momento – de miles de kilómetros cuadrados de su mar territorial frente a Nicaragua decretado por unos señores de origen noble que nos invadieron hace más de cinco siglos. Eso se llama la dignidad perdida que al igual que la virginidad no tiene marcha atrás,por desgracia.
La Nueva Granada había perdido su soberanía absoluta sobre las costas de Veraguas, gracias al Laudo Arbitral de Loubet, presidente de Francia en 1900, confirmando mandato de la Corona de España referente a los islotes situados en medio de la Costa de Mosquitos y el istmo de Panamá, resaltándose Mangle Chico, los cayos de Albuquerque, Mangle Grande y las islas de San Andrés y Providencia. Pero la desmembración de Panamá en 1903 ocasionó la privación de territorios con Costa Rica, producto de la habilidad diplomática de sus funcionarios. Empero, Colombia mantuvo dominio,soberanía y jurisdicción en las islas mencionadas.
Cuatro acciones auténticas ratifican íntegramente la supremacía colombiana respecto a San Andrés y Providencia, así como de su entorno inmediato:
– La Jurisdicción y autoridad practicada por Colombia durante dos centurias, de manera pacífica y permanente.
– El Tratado Esguerra-Bárcenas, suscrito el 24 de marzo de 1928, aprobado por el parlamento de Colombia a través de la ley 93 de 1928 y por el Congreso de Nicaragua el 6 de marzo de 1930, siendo canjeadas las respectivas ratificaciones el 5 de mayo de 1930.
– La Real Orden de 1803,contundente y específica en su mandato: “las Islas de San Andrés y la Costa Miskita quedan segregadas de la Capitanía General de Guatemala y dependiente del Virreinato de la Nueva Granada”.
– La libre y espontánea autodeterminación del pueblo de San Andrés y Providencia en 1822, cuando proclamó su adhesión a la constitución de Villa del Rosario de Cúcuta del 30 de agosto de 1821 – undécimo de la independencia-.
Por iniciativa colombiana se planteó el arreglo del diferendo limítrofe con Nicaragua a fin de dirimir la crisis,encontrando nuestros diplomáticos que ese país “había arrendado por cien años” los islotes a Estados Unidos. Lo único que pudo hacer el negociador colombiano Raimundo Rivas fue aceptar la posesión de hecho ejecutada por el Estado centroamericano. Argumentos de derecho internacional esgrimidos en el asunto carecieron de valor ante la realidad cumplida.
El Tratado Esguerra-Bárcenas entre Colombia y Nicaragua data del 24 de marzo de 1928 y en él se contempla la pérdida de territorios en el océano Atlántico, vitales para la estructura de nuestro país. El 4 de febrero de 1980 la Junta de Reconstrucción Nacional en nombre del gobierno sandinista promulgó una declaración acusando el tratado en mención,con la argucia de que dicho instrumento era nulo y por tanto invalido. A la denuncia del FSLN, se presentó el volumen titulado “Libro Blanco”, un oscuro cúmulo de documentos, pruebas, escrituras y títulos, que demuestran los supuestos derechos que asisten a Nicaragua para defender y mantener la integridad de sus extensiones insulares y la plataforma continental.
Las ambiciones de Nicaragua no terminan.Por diferentes canales pretenden propiedad y soberanía en San Andrés islas ylos cayos de Roncador y Quitasueño. Muchas escaramuzas armadas ha protagonizado Nicaragua para estas reclamaciones, que si se vuelve a la cobardía de lustros precedentes puede coronar, ante la pusilánime actitud que siempre Colombia ha exhibido en defensa de su patrimonio territorial.
Nicaragua apetece añadir a su espacio el archipiélago de San Andrés y Providencia, desconociendo el tratado suscrito el 24 de marzo de 1928, al denunciarlo y declararlo nulo e invalidarlo en forma unilateral, codicia que tiene su génesis en 1980.
Con la conformación de un bloque de apoyo en sus pretensiones, para presentarlas como aspiración centroamericana,Nicaragua ejerce presión sobre Honduras y Costa Rica para que no ratifiquen los Tratados Ramírez Ocampo-López de 1986, Lloreda-Gutiérrez de 1984 y Fernández – Faccio de 1977, referentes a aguas marinas y submarinas suscritos con Colombia, influencia que ha tenido éxito pues las dos repúblicas expresaron abiertamente que no revalidarán lo convenido hasta tanto se reconsidere el pretendido diferendo.
El juego de Vásquez
Los derechos colombianos en territorios del Atlántico datan de las Cédulas Reales de 1789 y 1803, y en el gobierno de Santander, época en la cual se afianzó la soberanía colombiana en esos espacios, llegando hasta la costa de Mosquitos donde ejerció dominio y propiedad. El laudo arbitral de Loubet, presidente de Francia, otorgó autoridad a Colombia en dichos cayos y en las islas de San Andrés y Providencia, al oeste del meridiano 82 GMT.
Existe el Tratado Vásquez – Saccio firmado en septiembre 8 de 1972, por el cual ante el silencio del Congreso, la cancillería y la Procuraduría General de la Nación compañías pesqueras de Estados Unidos pueden sacar riqueza ictiológica de nuestro mar, en aguas jurisdiccionales de las islas. El acuerdo se convirtió en una fuerte amenaza para los intereses colombianos, no solo por la integridad del mar territorial y la plataforma continental de San Andrés y Providencia, archipiélago al cual pertenecen los cayos de Roncador y Quitasueño, sino por el estilo que siempre USA ha empleado en sus tratados, caso México y la separación de Panamá.
Puntos a considerar referente al Tratado Vásquez – Saccio:
La cláusula primera dice que Estados Unidos renuncia a reclamar soberanía sobre los cayos de Roncador, Quitasueño ySerrana.
Tras la entrega de Panamá en 1903, barcos de bandera USA anclaban en Roncador, Quitasueño y Serrana. Hacían alto viniendo de la base militar de Guantánamo en Cuba. El gobierno de Washington afanó a Colombia para la construcción de faros que facilitaran la navegación enaguas del Atlántico. Estados Unidos motu proprio levantó esos focos. Ahí se sintió nuestra protesta que originó la firma del “Convenio Olaya-Kellogs” de 1928.
La segunda parte de dicho documento sostiene “en reconocimiento del hecho que ciudadanos y buques de Estados Unidos y de Colombia están actualmente dedicados a la pesca…”, loque equivale a decir que ese país legalizó una situación de hecho, aflorando nuestra inferioridad tecnológica y logística referente a la captura de camarones.
En el gobierno sandinista, Nicaragua agradeció a Colombia en nota oficial al presidente Belisario Betancourt las gestiones de Contadora en junio de 1986, cuando también formularon descaradas pretensiones sobre San Andrés islas.
La cláusula tercera del Tratado Vásquez– Saccio, “garantiza a los ciudadanos y buques de Estados Unidos la continuación de la pesca en aguas adyacentes a estos cayos”, con lo cual quedo claro que Colombia le aseguró a Norteamérica derechos, con detrimento y perjuicio de su soberanía marítima.
La cláusula quinta señala “cada uno de los dos gobiernos conviene en que no celebrará, salvo de acuerdo con el otro gobierno, ningún convenio con un Estado que no sea parte del presente tratado mediante el cual puedan ser afectados o menoscabados los derechos garantizados”, colocando a Colombia en desventaja frente al poderoso Estado.
Estados Unidos condicionó la firma del tratado a la cláusula 8ª., en el sentido de que siendo trocados los asuntos diplomáticos “derogará automáticamente el canje de notas firmadas en Washington el 10 de abril de 1928”, lo que hacía referencia al permiso dado para mantener un faro en buenas condiciones para la navegación en aguas colombianas, con beneficio de buques pesqueros estadounidenses.
Estudiosos de fenómenos diplomáticos precisan que los tratados de Estados Unidos con Colombia, para el dominio de sus aguas territoriales, establecieron una especie de condominio en el mar, reservándose el derecho de pesca en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Estilo de negocio que fue instituido desde los arreglos respecto a Panamá, en el gobierno del presidente Theodore Roosevelt, y el acuerdo Bunau Varilla. La nación imperial venía conspirando y si no, que lo digan los hechos protagonizados por el embajador Harrison en tiempos de Bolívar, por quien sentía especial antipatía, que luego le mereció ser presidente de Estados Unidos.
El Tratado Alfredo Vásquez-LeonardSaccio es aprobado finalmente por el Congreso de Colombia, el 8 de septiembre de 1972, pese a reparaciones que se le hicieron, al rechazo jurídico de profesionales por ser lesivo a nuestro país y comentarios periodísticos entorno al “permiso de pesca” entregado a Estados Unidos.
Son tan absolutos los derechos de pesca concedidos, que se prohíbe cualquier intervención del gobierno, ciudadanos o embarcaciones colombianas en estas actividades, desarrolladas por personas y buques norteamericanos, como lo señala el artículo 3o. del convenio. Conforme al artículo 2o. del tratado y dada la desigualdad existente entre las flotas pesqueras de uno y otro país, no es difícil prever el saqueo y agotamiento de la riqueza ictiológica de nuestros mares, sin que nada puedan hacer las autoridades para evitarlo.
Las condiciones impuestas por Estados Unidos colocaron a Colombia en inferioridad, sin poder legislar acerca del mar territorial adyacente a los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño. La situación se complicó con la expedición de un comunicado del gobierno norteamericano, en el que afirmaba “los bancos —no los cayos—, conocidos como Quitasueño por estar sumergidos, son considerados de Altamar y no sujetos a reclamaciones de alguna soberanía territorial”.
En tal virtud, Estados Unidos no renunció a ejercer imperio en espacios del área marítima de Colombia, que aparece como letra muerta en la cláusula primera, significando que hubo fallas en la redacción del documento, por cuanto nuestros delegados diplomáticos y dela Cancillería no lo estudiaron detenidamente, para detectar lesivas intenciones de la contraparte.
“Esta tierra es mía”
Persisten los problemas con Nicaragua respecto al Tratado Vásquez Saccio, ratificado durante el Congreso de 1972-1973. No sólo desde el gobierno sandinista, sino con el mandato de Violeta Chamorro, militares del país centroamericano han reclamado “propiedad” en el archipiélago de San Andrés y más de un incidente en aguas territoriales colombianas se ha registrado con naves “nicas”. Existiendo alta tensión y alerta roja, nuestro pueblo ha dicho que sobre los derechos de Colombia en las islas nada hay que hablar, ratificando así su absoluta propiedad y supremacía.
Sin embargo, la coordinada acción de los Estados centroamericanos causó un duro golpe a la política exterior de Colombia, lo que -obligó a diseñar mecanismos eficaces en él ámbito internacional para lograr la ratificación de los tratados de 1977, 1984, y 1986.
Además, la actitud de Nicaragua en el hostigamiento de barcos con bandera colombiana, en el área del Meridiano 82 que es el límite marítimo entre las dos naciones y punto de referencia, respecto a la soberanía de islas, cayos y bancos, que hacen parte del archipiélago de San Andrés, ha generado continuas protestas de nuestros armadores.
El hostigamiento contra compatriotas en ultramar, la migración ilegal, de nicaragüenses hacia nuestra isla y la problemática de la economía subterránea en el archipiélago, hicieron que el Estado diera prioridad para atender los problemas geosocioeconómicos y mantener una capacidad disuasiva que ejerza control en el área, con la creación de guardacostas en San Andrés y la adquisición de una patrullera, destinada exclusivamente a vigilar e incentivar la pesca a los nativos por parte del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura.
“Vientos de guerra”
Objetivo de Nicaragua es la presión permanente hacia Colombia, asimismo, sus dirigentes en el Congreso han atizado la hoguera de un nacionalismo cerrado que busca el respaldo de los vecinos, basados en la publicación del “Libro Blanco”, donde figura San Andrés islas como territorio de su propiedad, desconociendo tratados internacionales.
Las campañas electorales de ese país están signadas por argumentos en contra de Colombia. Se han visto algunos políticos tomando partido en el asunto, buscando minimizar los problemas socioeconómicos, recabando el nacionalismo y el contenido del “Libro Blanco”, que se enseña, inclusive, en las escuelas públicas.
Las fuerzas navales de Nicaragua han hostigado en más de una ocasión a naves de bandera colombiana en el mar Caribe, alegando irrupción en sus aguas territoriales. Los incidentes son registrados internamente en ese país despertando patriotismo. Pretensiones que tienen respaldo inmediato en el aparato militar.
Continuamente se presentan retenciones de embarcaciones pesqueras, con decomisos, arrestos, violación delos Derechos Humanos y multas a tripulantes y compañías propietarias, arbitrariedades que se efectúan al oriente del Meridiano 82, sin que constituyan vulneración de aguas territoriales nicaragüenses y si, más bien,violación de la soberanía colombiana con grave riesgo de enfrentamientos armados de imprevisible prolongación y repercusiones internas en ambos países.
El Comando Naval de San Andrés islas está encargado de ejercer defensa y soberanía del archipiélago y hacer respetarlos límites marinos y submarinos que nos pertenecen de acuerdo a la historia y el Derecho Internacional.
La intransigente posición de gobiernos de Nicaragua respecto a las reclamaciones hacia Colombia, desconociendo sistemáticamente el Tratado Esguerra-Bárcenas Meneses de 1928, constituye una verdadera amenaza contra la integridad territorial y la soberanía en el Caribe.El endurecimiento de estas exigencias fue notorio en el mandato de Violeta Chamorro, quien amagó con llevar sus pretensiones al Tribunal Internacional de La Haya, ignorando pactos suscritos y alegando que lo convenido se rubricó por presiones de Estados Unidos, cuando el país se hallaba ocupado.
Una política de integridad territorial
Colombia, sus gobernantes y líderes tienen la obligación histórica, en los inicios de un milenio revolucionado por la planetarización y la comunicación interactiva, de rectificar su espíritu gregario y entreguista, secular desde la creación republicana, y cohesionar una auténtica política de soberanía territorial.
En el caso particular de Nicaragua, la nación tiene el imperativo de constituir a nivel del alto gobierno un grupo de estudio para la defensa de los legítimos intereses de Colombia, cuando ese país ha denunciado el tratado de 1928, ante organismos internacionales.
Debe además precisar y determinar la posición geoestratégica de nuestra república en el área del Caribe y Centroamérica, para desarrollar el mandato constitucional de fomentar la integración con la América no imperial, e incluir dentro de la legislación el tratamiento de fronteras marítimas y continuar con el plan de desarrollo de guardacostas en San Andrés y Providencia.
Diseñar un proyecto de progreso a largo plazo, para solucionar las necesidades de la población isleña, es obligación del Estado colombiano, teniendo en cuenta la preservación de las riquezas culturales de los nativos y del medio ambiente.
Colombia tendrá que liderar conversaciones con su entorno del Caribe en temas referentes a la cooperación para contrarrestar la influencia de la economía subterránea, migraciones ilegales y crear mecanismos para impedir el tráfico de armas, generar integración y respeto a los Derechos Humanos.
Colombia cuenta con una superficie total de 2.070.408 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.141.748 kilómetros cuadrados corresponden solo a las áreas continentales insulares. El Caribe colombiano representa un inmenso potencial explotable recursistica y estratégicamente equivalente a 538 mil 574 kilómetros cuadrados de superficie.
El país posee un área marítima que alcanza 928.660 kilómetros cuadrados. La entrega casi sistematizada de nuestro suelo, es el peor pecado de lesa patria y al cual concurren conciencias de gobernantes y cancilleres que permitieron el despojo, por la fuerza, vías del entreguismo, servilismo y componendas, para perpetuarse en el poder. La longitud de las fronteras ha decrecido en forma ostensible.
CANALES EN CENTROAMERICA
Cálculos un tanto conservadores estiman en 40 mil millones de dólares las obras de construcción del canal de Nicaragua,iniciativa del Presidente Daniel Ortega aprobada por el Congreso de esa nación centroamericana.
Se trata de una construcción que franqueará el esfuerzo desarrollado por la ingeniería norteamericana en el Canal de Panamá, obra que pasará a planos inferiores frente a la magnitud del paso del Atlántico al Pacífico en territorio “nico”.
El neo-imperio chino alarga sus garras en América y ello tendrá a largo plazo implicaciones políticas, dadas las dimensiones económicas del gigante asiático, segunda potencia en el mundo globalizado del Siglo XXI.
El Canal en esa nación será una de las obras más ambiciosas de cualquier país centroamericano. Estará a cargo de la compañía dirigida por el magnate Wang Jing, la China Railroad Engineering Company y la HK Nicaragua Canal Development que tiene su sede en Hong Kong e inscrita en las Islas Gran Caimán y un sólo dueño, el mismo Wang Jing.
El Canal Interoceánico nicaragüense, se calcula producirá un millón de empleos y el PIB de esa nación, escenario de revoluciones en el pasado, crecerá un 15 por ciento al año. El canal está diseñado para el curso de buques de gran calado, de última tecnología, quedando el de Panamá corto en la “aldea global” con el comercio del mundo asiático, Europa y América. De acuerdo a las especificaciones técnicas, comprenderá además un ferrocarril transoceánico, excelentes carreteras, oleoducto, puertos en ambas costas, zonas de libre comercio, aeropuertos, lo que aumentará el potencial económico de Nicaragua en el futuro con relación a los demás países hemisféricos, centro y sur América. La población “nica” activa laboralmente se calcula en dos millones de personas. Se sabe que el diseño del proyecto fue dela firma conducida por Wang Jing, quien ha puesto los ojos en otros canales en la región, factibles de construcción en los próximos lustros.
La gigantesca obra de ingeniería despertó toda suerte de comentarios y opiniones de expertos en el futuro económico, social y político del “Continente del tercer día de la Creación”. Desaparecerán las selvas, los ríos cambiarán de curso, secarán sus aguas, los lagos y el medio ambiente sufrirán su deterioro macro. No hay duda sobre esto. Pero en aras del progreso, la región sufrirá impresionantes cambios en su fisonomía geográfica.
La ambición de canales va más allá de Nicaragua. Se sabe que Costa Rica proyecta la construcción de una carretera que unirá los océanos Atlántico y Pacífico. Colombia por su lado negocia con la China Railroad Engineering Company la construcción de un canal seco, conector entre los proyectados Puerto de Tarena-Urabá, en el Caribe y Tribugá-Chocó en el Mar del Sur. Trasciende que México tiene sus esperanzas de construcción del canal en el itsmo de Tehuantepec. La región sumará canales y canales para globalizar el comercio con el mundo en una época de grandes transformaciones sociales y políticas. Falta concretar el sueño de Guatemala que, según el Presidente Pérez Molina, consiste en la construcción de un canal con 390 kilómetros, gasoducto y oleoducto y una carretera de alta velocidad, paralela a una línea de tren con un costo de más de 10 mil millones de dólares. Honduras no se queda atrás y concibe un canal con un costo de 20 mil millones de dólares, con ferrocarril que alimentará plantas de fuerza mareomotriz. Todos estos sueños de ingeniería, en manos de expertos chinos, con los cuales se adelantan las negociaciones del caso.
Algunos vaticinan un descalabro para esos países, con ruina incluida en el peor de los casos, habida cuenta de las características regionales, países pobres, con problemas sociales y económicos. Los tres canales anunciados tendrán costos superiores a los 70 mil millones de dólares, de no surgir otros imprevistos.
Para tener en cuenta, los proyectos canaleros conciben sistemas ferroviarios. Colombia no avizora en ningún proyecto este sistema de transporte esencial para enfrentar los retos producto de los Tratados de Libre Comercio. Formamos parte del trío de países que no necesita del “caballo dehierro”, por asuntos de intereses particulares, “genialidad” del neoliberalismo liderado en 1990 por el mandatario Cesar Augusto Gaviria Trujillo.
Esa es Colombia, con reformas agrarias y sin revoluciones del sector financiero monopolístico, que entre 2001 y 2010 aumentó las utilidades en un 1.040 por ciento al pasar de 319 mil millones de pesos a 3,4 billones respectivamente, mientras que en el mismo periodo el Índice de Precios al Consumidor solo creció el 52,8 por ciento. En una década, los bancos tuvieron un engrandecimiento en sus activos del 294,7 por ciento, al pasar de 68,6 billones en el 2001 a 202,5 billones en el 2009. En el caso del patrimonio esta misma relación fue del 377,1 por ciento, mientras que el capital social, lo aportado de sus bolsillos por los banqueros, tan sólo subió el 4,3 por ciento.
Garras deltigre
Las opiniones en pro y contra del Canal nicaragüense se escuchan en el ámbito mundial. Acarreará implicaciones políticas en la región.Todo, por cuanto China, el gigante asiático ha ganado la partida, es decir patrocinio económico y cuya influencia política en la zona centroamericana con repercusiones en Suramérica no se oculta a los razonamientos de los expertos en geopolítica estratégica.
En el inmediato pasado, la construcción del Canal en Nicaragua iniciativa del presidente Daniel Ortega, gozó de los coqueteos financieros de Japón y Rusia. El oso soviético que 60 años atrás alargó sus peludos brazos para apretar a Cuba y brindar apoyo a la revolución contra el dictador Fulgencio Batista, perpetuando en el poder la ideología marxista-leninista con sus cabezas visibles el Comandante Fidel Castro y su hermano Raúl. El Congreso de Nicaragua aprobó la idea del mandatario Ortega, dio luz verde al proyecto, con muy poca oposición y acto seguido se dispararon los comentarios por la factibilidad de crear un gemelo del Canal de Panamá, cambiando, cuando entre a operar, la fisonomía económica del planeta que habitamos.
Nicaragua, con este anuncio de una gigantesca obra de ingeniería de punta, con los apoyos tecnológicos del Tercer Milenio, entra a reforzar su propiedad en el mar Caribe, esto es, las aguas territoriales de Colombia, buena parte de su soberanía marítima entregada al país “nico” por un fallo de la Corte Internacional de La Haya, demandado ante otras instancias judiciales por el gobierno nacional. La soberanía de Nicaragua sobrepasa el meridiano 82, un límite que siempre figuró en la cartografía y la diplomacia para garantizar los derechos naturales de los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Cayos.
En los casos de Rusia y China, no hay que dudarlo, la penetración de sus intereses es previsible. China, con esta cooperación económica y tecnológica, alarga sus garras de tigre asiático, sobre el panorama político de la región centroamericana y de hecho su presencia en Indoamerica es inocultable; cuándo veremos en operación el Canal “nico” es asunto de esperarse y no desesperarse. El protagonismo de China en los mercados continentales no es cosa nueva. Desde su despertar al comercio globalizado, la Nación siempre ha ejercido su influencia económica.
La diplomacia europea ha penetrado a través de los siglos en el concierto de los países americanos en desarrollo. El advenimiento al poder en muchas naciones de los grupos nuevos, nacionalistas, neoliberales, social-nacionalista, revolucionario(Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Perú), facilitó la injerencia de Estados fuertes, China y Rusia especialmente, en la estructura política de aquellos. El Canal en Nicaragua tiene importancia capital para la región. La sola ampliación del Canal de Panamá para permitir el tránsito de barcos de última generación, transportadores de mercancías del gran gigante euro-asiático, no es garantía del flujo comercial que ahora es el baluarte de las relaciones entre naciones.
La presencia china en esta obra, abre nuevas disyuntivas al mapa geoestratégico – político de Indoamèrica. Existen buenas relaciones EE.UU. y China; igual, los países latinoamericanos con los dos colosos mundiales. Esperemos que las obras del segundo Canal arranquen en firme para estar presentes en los acontecimientos políticos del futuro.
Fallo de La Haya y el canal
Parece ser, conocidos no pocos argumentos jurídicos, que Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega le llevan la delantera a Colombia en materia de reclamaciones y que el Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya les favorece especialmente en la pretendida construcción del canal interoceánico para el paso del Atlántico al Pacífico de grandes buques cargueros.
Colombia ha presentado reclamaciones a la CIJ para una revisión del fallo que lo despojó de buena parte del mar territorial tradicional en el Archipiélago de San Andrés Islas, para entregarlo a Nicaragua, privando a los pescadores artesanales colombianos de su trabajo en esas aguas.
Muchos estudios se han adelantado sobre el caso del fallo de la CIJ de La Haya, pero todo hace suponer que la revisión no es viable, pues “antes de iniciar el proceso de revisión la Corte podrá exigir que se cumpla lo dispuesto por el fallo”. Además, “la solicitud de revisión deberá presentarse dentro del término de seis meses después de descubierto el hecho nuevo” y “no podrá pedirse la revisión una vez transcurrido el término de diez años después de la fecha del fallo”. Colombia tiene un plazo hasta el 18 de noviembre de 2022 para presentar la solicitud de revisión del fallo de fecha 19 de noviembre 2012.
Juristas, expertos, e internacionalistas, incluso excancilleres, han cuestionado el mencionado pronunciamiento de la CIJ que le cedió mar territorial colombiano a Nicaragua. Y el asunto se complica aún más con las pretensiones del Gobierno Ortega de conceder espacios para la exploración y explotación de hidrocarburos en las zonas aledañas a la plataforma continental de Colombia. Se ha visto la presencia de naves de guerra rusas en el mar Caribe,presuntamente protegiendo los intereses “nicos”, aun cuando el gobierno de Managua alega que son ejercicios de cooperación amistosa en seguridad estatal.
El programa nicaragüense para la construcción del canal interoceánico no es nuevo. Data de la época colonial. Al correr de los años fueron muchas las iniciativas en este aspecto que lanzaron gobernantes de la nación centroamericana. Se remonta a los años independentistas; posteriormente, en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los estudiosos relacionan la incidencia directa en la pérdida de territorios importantes en el Mar Caribe que afectaron la soberanía reconocida de nuestro país. Así se perdieron las Islas Mangle o Maíz y posteriormente el Istmo de Panamá. No se puede olvidar que en el gobierno colonial de la Nueva Granada, Colombia era dueña de la Costa de Misquitos desde Centroamérica y la Costa Atlántica desde Belice.
La ex-canciller Noemí Sanín señaló un presunto conflicto de intereses que involucra a la Magistrada Xue Hanqin de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de nacionalidad china, ahora que el fabuloso contrato para la construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua está en manos del magnate chino y liga al poderoso tigre asiático con los intereses económicos y comerciales de ese Estado centroamericano. La empresa que construirá la gigantesca obra administrará durante un siglo el canal, permitiendo el paso del Atlántico al Pacífico de grandes buques.
El comercio mundial va en expansión. El mundo se ha reducido a la “aldea global” gracias a las comunicaciones computarizadas. Se prevé a juicio de expertos economistas, la siguiente tabla de crecimiento comercial en millones de toneladas: 2014 8,3; 2017 11,0; 2020 11,9. En los años 2008 fue de 8,3 y 2011 de 9,1 millones Tns. Para el canal nicaragüense se prevén dos trazados; el principal va del Atlántico de Caimán Rock o Isla del Venado por los ríos Rama y Oyate a Las Lajas, hasta Brito en el Océano Pacífico. Tardará unos diez años en construcción y cálculos aproximados señalan un aumento de las operaciones para 2030, oeste este de 240%.
Ciertamente, las pretensiones nuevas de Nicaragua para su canal de acceso a los mares Pacífico y Atlántico, nada tienen que ver con el mencionado fallo de la CIJ.
CANAL“NICO”: ABRAZO DEL OSO
El interés geoeconómico-político demostrado con hechos internacionales preocupantes que sobre Nicaragua y Venezuela tienen China y Rusia, es indudable; el primero con sus promesas inversionistas para la construcción del canal interoceánico – Atlántico y Pacifico, y el segundo, para recobrar el prestigio de entonces que tuvo el imperio soviético, menguado por el poderío de Estados Unidos y la posición de primer lugar que tiene el país asiático como economía de gran influencia mundial. A raíz del Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que despojó a Colombia de 75 mil kilómetros de mar territorial en el Caribe y los entregó a Nicaragua, el mapa empezó a cambiar, con las ambiciones sino – rusas, convertidos de la noche a la mañana en aliados de los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro de Nicaragua y Venezuela, respectivamente.
Rusia hizo presencia militar con sus “cisnes blancos” en noviembre de 2013, cuando violaron el espacio aéreo de Colombia en el Caribe, sobre las costas de Santa Marta, tras despegar del aeropuerto de Managua-Centroamérica con destino al aeropuerto de Maiquetía, Venezuela. Esos “cisnes” eran nada menos que dos poderosos aviones de combate rusos “tupolev”,supersónicos, cada uno con capacidad de llevar en sus vientres doce ojivas nucleares, en la práctica, la carga de muerte apocalíptica para millones de humanos. Este sobrevuelo del espacio aéreo nacional, no llegó a mayores; pero dos días antes, otro incidente similar había ocurrido.
Los Tupolev – Tu 160, o Black Jack como los codifica la OTAN, apagaron sus “Transponder” para no ser detectados por el radar de la Fuerza Aérea Colombiana. En el segundo caso, fueron avistados y aviones militares de la FAC los alcanzaron desde su partida de la Base de Palanquero.Los Kfir se hicieron a los costados de los gigantescos bombarderos y los obligaron a dejar los aires soberanos. Un Tupolev mide 54 metros de largo y la envergadura de sus alas es de 56 metros. Los Kfir de Colombia son mosquitos al lado de ese gigante de los cielos, miden 16 de largo por 8 metros de envergadura alada. Desigualdad notoria y amenazante.
Los reclamos colombianos fueron infantiles. Se enviaron mensajes a través de la cancillería, se pronunció el gobierno Santos, trinaron con ingenuas amenazas algunos congresistas y todo volvió a la normalidad. Pero Nicaragua, no se puede ignorar, recibe protección militar de alta tecnología frente a la hipotética “agresión” de Colombia al país centroamericano en reacción por la pérdida de esa porción de mar territorial.
Los Tupolev rusos han repetido violaciones en otros países del Viejo Mundo. Los Black Jack sobrevolaron Noruega y fueron interceptados y obligados a dejar el espacio aéreo por dos cazas F-16. Japón también fue observado en 2013 por las mismas armas rusas. Abandonaron el lugar tan pronto avistaron dos cazas F2 nipones. En el caso colombiano, algunos analistas opinan que ese sobrevuelo fue una advertencia rusa: “no se metan con Nicaragua y Venezuela que no están solos”.
Sin embargo, Rusia ha observado los protocolos para el tránsito de naves aéreas por el espacio colombiano y las relaciones diplomáticas entre ambas naciones son fluidas. En 2013, Rusia solicitó cinco permisos para el paso de naves comerciales en la ruta Managua – Caracas y viceversa. Poderosos cargueros Antonov – 125, con capacidad para transportar 140 toneladas de carga, fueron vistos pasivamente en cielos nacionales. No así frente a los terroríficos “cisnes blancos”, o Black Jack, Tupolev Tu 160 con cargas nucleares.
Las autoridades colombianas han sido tímidas en sus reclamos diplomáticos. No es la primera ocasión que ocurren incidentes. La opinión pública recibe someras explicaciones sobre estos acontecimientos y la normalidad vuelve al dominio de la realidad diaria. Rusia ha puesto los ojos y sus ambiciones en Centro y Sur de América, avisada sobre aconteceres como el fallo de la Corte Internacional de Justicia, o las pretensiones de Nicaragua de construir por intermedio de una empresa china y ayudas económicas del gigante asiático el Canal Interoceánico con un costo superior a los 45 mil millones de dólares, no importando la futura miseria de su población y los irreparables daños al ecosistema regional.
Rusia no había vuelto su interés en América a partir del Río Grande hacia el sur continental, desde 1991 cuando el gobierno de Mijaíl Gorbachov desmembró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), aceptando la terminación de la llamada “Guerra Fría”. En 2008 y 2013, los rusos efectuaron demostraciones de poderío militar en aguas adyacentes a Nicaragua y Venezuela. Exhibieron entonces lo mejor de su arsenal y mostraron al mundo sus modernas flotas de aviones de combate y barcos de guerra, dos bombarderos Tupolev y tropas encargadas de su manejo. Se recuerda que el gobierno del presidente Vladimir Putín desplazó en aguas suramericanas el crucero militar “Pedro El Grande”, y su buque insignia “Moscú”, en el Mar Negro. Su influencia militar, sinónima de amenazas o prevenciones es mundial e inocultable a la opinión de analistas internacionales.
De hecho los intercambios comerciales en armas han estado a la orden del día. El jugoso negocio favorece las finanzas rusas y refuerza la seguridad de Nicaragua y sus aliados. En 2012 el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías solicitó una adición al presupuesto militar de Venezuela, compró a Rusia cuatro mil millones de dólares en un “convenio técnico militar”. Por la época navegaba en aguas suramericanas “Pedro El Grande”, crucero bélico ruso. Para esos días, Nicaragua adquirió a Rusia dos lanchas lanza misiles a 45 millones de dólares cada una y cuatro más de patrullaje marino, marca Mirage.
Las naves militares tocaron puertos “nicos” y venezolanos, en lo que se ha considerado la política de Putín de retomar para Rusia el calificativo de potencia en el escenario global de la actualidad. China y Rusia valoraron a través de declaraciones oficiales la importancia que tendrá en el futuro comercial, para Europa y América en conjunto, la construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua. Pero además, la influencia política de las dos naciones en la subregión, de no surgir otras fuerzas transnacionales que estorben estas pretensiones de dominio.
El tigre asiático y el oso moscovita, cada cual por su lado, están inmersos en la “ayuda” a Nicaragua y Venezuela. La estrategia involucra la política y economía de la subregión. El canal interoceánico, el botín. De allí el interés de extender las garras del tigre y el abrazo del oso a Centroamérica para afianzar dominio y posición de potencia mundial, sueño de Vladimir Putín como se ve en sus movimientos de piezas en el ajedrez global en el lustro de 2010 a 2015. Todo para enjaular al águila y al cóndor.
Las actuales relaciones “china-nicas” son tan buenas que la misma compañía que construirá el Canal ya ejecutó un proyecto en telecomunicaciones en la nación centroamericana. No existe la menor sospecha:el gobierno de Ortega es aliado estratégico de Rusia y China en la subregión.
Derechos sanandresanos
En comentarios periodísticos y conferencias con expertos en Derecho Internacional, expusimos nuestra tesis sobre la importancia de emplear el Tratado Vásquez-Saccio como arma especial para combatir legalmente el absurdo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que entregó el mar territorial de Colombia en el Caribe y perteneciente al Archipiélago de San Andrés Islas. Nicaragua, que recibió ese regalo, no ha empleado sus medios oficiales para justificar el derecho, sino por el contrario permite que los pescadores nativos de San Andrés y Providencia continúen laborando en esas aguas que por centurias les pertenecieron.
Los derechos colombianos en aguas marinas del norte datan de las Cédulas Reales de 1789 y 1803, siendo presidente el general Francisco de Paula Santander. El Estado afianzó su soberanía, llegando hasta la costa de Misquitos con dominio y propiedad. Aun más: Fue el Laudo Arbitral de Lobet, Presidente de Francia, el documento que otorgó autoridad a Colombia en todos los Cayos del Archipiélago, Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al oeste del meridiano 82 GMT.
Por lo anterior el Tratado Vásquez-Saccio firmado con Estados Unidos en septiembre 8 de 1972, permite que compañías pesqueras de ese país puedan apoderarse de la riqueza ictiológica de nuestro mar territorial que rodea el archipiélago. En esos años el documento fue un peligro para los intereses colombianos en su plataforma continental. Así las cosas, mal podía Nicaragua reclamar derechos en esas aguas legítimas, amparadas por el vigente Tratado Vásquez-Saccio. Que, como se sabe, desconoció en sus argumentos la CIJ de La Haya.
Esa entidad puede ser investigada, ahora que sobre el tapete del debate público y en curso los alegatos jurídicos que entidad es extranjeras tramitan por encargo del gobierno de Colombia, se sabe del desconocimiento que la CIJ hizo del principio Jus Cogens, clave en el Derecho Internacional, consagrado en la Convención de Viena, artículos 53 y 64 sobre el derecho de los Tratados de 1969. Se trata de la prevalencia de los intereses colectivos fundamentales derivados del derecho natural. En otras palabras, la legitimidad de los habitantes de San Andrés Islas y Cayos,a gozar del mar territorial y sus riquezas, seriamente cuestionados por la propiedad que la Corte Internacional de Justicia de La Haya entregó a Nicaragua.
Sobre la importancia del Jus Cogens, se habla del “iusnaturalismo” del que fueron tratadistas el padre Francisco de Vitoria y Hugo Grocio. Parece ser que en esta norma jurídica del derecho internacional son ignorados por la CIJ, propiedades impostergables e irrenunciables, caso de los nativos de San Andrés Islas, de origen anglosajón, por tanto protegidos tácitamente por la Commonwealth.
“Las normas del Jus Cogens constituyen derecho coactivo, compulsorio, imperativo, absoluto, perentorio, terminante, inmutable en esencia, pleno, que protege bienes sociales de una comunidad dada”, – dice Zlata Drnas de Clement, experta internacionalista argentina.
Álvaro Leyva Durán, ex ministro de Estado, quien hizo parte de la Constituyente de 1991, resaltó “el desconocimiento que mostraron los jueces (de la CIJ) que profirieron el Fallo respecto del valor jurídico de alcance universal de la institución “ Jus Cogens”.
El mar territorial arrebatado en el Caribe a Colombia genera zonas contiguas al archipiélago de San Andrés Islas. La Corte Internacional de Justicia de la Haya ignoró derechos históricos de la comunidad sanandresana. Aplicó en su falló una costumbre internacional, haciendo caso omiso del principio Jus Cogens Naturale,no se sabe movida por qué clase de intereses.
Afanes expansionistas
El gobierno de Costa Rica virtualmente se sumó a la protesta colombiana por las pretensiones de Nicaragua de ampliar zonas marinasen el Mar Caribe para la exploración y explotación de recursos naturales e hidrocarburos. Las aguas que cedería ese país centroamericano para el hallazgo de crudos por parte de transnacionales petroleras, hacen parte de la cesión que hizo la Corte Internacional de Justicia de La Haya a Nicaragua en un fallo controvertido que espera una demanda de nuestro país frente a instancias internacionales. La afectación del mar patrimonial de Colombia, 538 mil 574 kilómetros cuadrados, perjudica notoriamente la pesca artesanal de la cual han vivido por siglos los naturales del Archipiélago de San Andrés Islas. No hay que olvidar que los gobiernos “nicas” han lanzado sus redes para pescar en islas y cayos pertenecientes a nuestra Patria, reconocidos por Tratados y Laudos antiguos de la Corona española.
Enrique Castillo, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica declaró al respecto que “algunas de las zonas contempladas por Nicaragua están dentro de territorio marino costarricense”… “Sabemos que no van a contestar de inmediato – añadió el diplomático-, Esto llevará tiempo, pero no vamos a ceder pues es un hecho que están concesionando bloques en el mar territorial costarricense”. Es decir, Nicaragua tiene los reclamos de sus vecinos por sus afanes y ansias expansionistas en el mar territorial, buena parte del cual es zona de reserva ambiental, protegida por la Organización de las Naciones Unidas y organismos internacionales afines.
Nicaragua ha señalado en un mapa subido a Internet, 68 mil 489 kilómetros cuadrados como área disponible para la exploración y explotación de hidrocarburos, Frente a las iniciativas expansionistas del gobierno de Managua, la Cancillería colombiana busca el apoyo de las Naciones Unidas para proteger la zona de reserva en el Mar Caribe.
Expertos en hidrocarburos y estudiosos de suelos marinos,han desestimado el real alcance de las pretensiones del gobierno de Daniel Ortega. Poco es el estímulo que reciben las compañías exploradoras y explotadoras del mar, pues los enredos diplomáticos, los reclamos de Colombia y otros países del área centroamericana, serían obstáculo para las operaciones de alta tecnología en la búsqueda de crudo. A lo anterior se suma la falta de información técnica sobre presencia de hidrocarburos en el área escogida por Nicaragua. No sería rentable para ninguna empresa, adelantar estudios y trabajos en zonas marinas objeto de litigios, reclamos y disputas como los planteados por la pretensión de ese país. Ambiciones del gobierno Ortega se trasladan también a sus costas en el Océano Pacífico, según mapas divulgados por el Ministerio de Energía y Minas nicaragüense.
De hecho, de concretarse la exploración y explotación petrolera en aguas del Caribe, la soberanía colombiana sería violada con grave detrimento de las buenas relaciones que unen a los países centro y suramericanos. Por lo menos eso es lo que se desprende de las declaraciones oficiales conocidas apenas el gobierno de Daniel Ortega lanzó la idea de explorar crudos en el Mar Caribe colombiano.Una gran zona, comprende mar cedido por la Corte Internacional de La Haya alrededor de los Cayos Quitasueño, Serrana, Isla de Providencia e Isla de San Andrés. Estás son áreas colombianas,incluido Quitasueño y adyacentes y una zona amplia de “Reserva de Biósfera Seaflower” que tiene reconocimiento de la Unesco.
Ahí estamos, frente a las pretensiones expansionistas del gobierno extremo de Daniel Ortega, que satisface sus apetitos, con el adverso fallo de la CIJ que le entregó parte de nuestro mar ancestral, reconocido por Tratados Internacionales y la autodeterminación del pueblo anglosajón sanandresano.
Inaplicabilidad del veredicto
Los límites en el Mar Caribe que definen la soberanía de Colombia en el Tratado Esguerra–Bárcenas no cambian para nada así la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJH) en un controvertido fallo entregara a Nicaragua 75 mil kilómetros de sus legitimas aguas soberanas. El proceso de integración de las naciones indoamericanas sufre un rudo golpe, afectando las relaciones del Nuevo Mundo que busca su independencia económica y social.
Una sentencia de la Corte Constitucional colombiana sobre el Pacto de Bogotá señala que la CIJH no puede ignorar los límites de nuestro país en el Caribe, toda vez que estos serían modificados previo un tratado con Nicaragua en lo que están de acuerdo especialistas en Derecho Internacional. Los límites por lo que se sabe son anteriores al fallo que despojó de 75 mil kilómetros de aguas caribeñas soberanas favoreciendo al país centroamericano, que entre otras pretensiones quiere para sí el Archipiélago de San Andrés Islas y Providencia, con sus Cayos. Las áreas marinas y submarinas históricamente soberanas de Colombia en el Océano Atlántico ascienden a 538 mil 574 kilómetros cuadrados.
El tratado Esguerra – Bárcenas se firmó en 1928 y entró en vigencia desde 1930; la Casa de Nariño afirmó que la Corte Constitucional ratificó la tesis según la cual, los limites de Colombia en aguas internacionales de su pertenencia solo pueden modificarse por tratado binacional, aprobado por el Congreso, lo que equivale a la inaplicabilidad del conocido fallo en favor de Nicaragua. Empero, las conversaciones entre los gobiernos de Colombia y la nación centroamericana tras la absurda decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y los perjuicios económicos surgidos en contra nuestra, es casi imposible concretar para el acuerdo limítrofe.
Desde el momento que se conoció la decisión sobre el despojo de una valiosa parte de las aguas territoriales colombianas en el Caribe, tomamos la vocería sobre la inaplicabilidad de la medida. La demanda interpuesta por el presidente Juan Manuel Santos contra el Pacto de Bogotá suscrito por Colombia en 1968, arrojó resultados en la Corte Constitucional que en votación de 5 magistrados contra 4, acogió la ponencia del togado Mauricio González que concreta lo afirmado en el libro de mi autoría, Colombia Indiferencia sin Límites: la imposibilidad de cambiar limites sin la mediación de un tratado, aprobado por el Congreso y ratificado por la primera autoridad de la nación. La Haya modificó el mapa limítrofe con Nicaragua sin que existiera con Colombia una negociación directa entre las dos naciones, por lo cual el fallo no podía aplicarse a partir de 2012. El Pacto de Bogotá reconocía a la CIJ facultades para resolver disputas limítrofes con los doce vecinos de Colombia.
Nicaragua goza con el fallo de mar territorial de Colombia. El espacio marítimo de ese país sirve de marco a los islotes propiedad soberana de nuestra nación como son los Cayos Quitasueño, Serrana, Roncador,Isla Santa Catalina, Isla providencia y San Andrés Islas; el meridiano 82 ha sido limite soberano de Colombia por cédulas reales de la Corona española y el conocido Tratado Esguerra- Bárcenas, ignorado deliberadamente por la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Voces autorizadas reclaman que el gobierno de Colombia negocie un acuerdo limítrofe con Nicaragua. El mensaje de la Corte Constitucional de Colombia es claro sobre la inaplicabilidad del fallo de la CIJ. El gobierno nacional no puede aplicar algo, a lo que le falta definición por medio de un tratado sobre límites. Así el Mar Caribe colombiano aparece cercenado en 75 mil kilómetros, donde hoy pesca Nicaragua con grave perjuicio social y económico de los nativos colombianos, de origen anglosajón habitantes de nuestro legitimo archipiélago de San Andrés y Providencia.
Carlos Gustavo Arrieta ha figurado de muchos años atrás en calidad de agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El ex -procurador general de la Nación, es un experto en derecho y considera que el paso a dar por Colombia es la realización de un tratado de límites con Nicaragua para fijar la frontera marítima entre las dos naciones caribeñas.
Pero no solo Arrieta es partidario de esta tesis. Claro es que el tratado Esguerra – Bárcenas está vigente y por tanto es fundamento jurídico para que no pueda aplicarse el fallo de la CIJ, lo cual equivale a decir, que en la práctica Colombia no ha perdido 75 mil kilómetros de su Mar Caribe y aun cuando el gobierno de Managua ejerce soberanía allí y sus pescadores adelantan su diaria faena, el paralelo 82 es la frontera marítima que separa los dos países en sus aguas.
Santos, presidente colombiano, recibió un espaldarazo dela Corte Constitucional en sus planteamientos frente a las decisiones o fallo de la CIJ. Se sugiere un acuerdo bilateral entre la Casa de Nariño y el gobierno de Managua con su mandatario Daniel Ortega. La línea de conducta colombiana se mantiene desde la noticia adversa a los intereses nacionales una vez se pronunciaron los magistrados de La Haya. Un tratado con Nicaragua sería el acuerdo sobre límites en el Mar Caribe y los derechos de los colombianos que por generaciones han disfrutado de los bienes económicos de su entorno marítimo, hoy afectados por la presencia de autoridades nicaragüenses en lo que por centurias fue su propio patrimonio,reconocido por documentos reales y actualmente por el tratado Esguerra –Barcenas, indiscutible sobre nuestra soberanía en el Caribe.
En estas condiciones, todo lo actuado refiere al Pacto de Bogotá. En consecuencia Colombia no debe adelantar tratados con otros países pues el fallo de la Corte Constitucional es contundente. La controversia jurídica es con Nicaragua; límites con otros países en el Mar Caribe, nuestra nación los tiene bien definidos. Correspondería entonces a Colombia y Nicaragua en caso de la firma de un tratado tener en cuenta el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es asunto central negociar con el gobierno de Managua. Es la disyuntiva.
El agente colombiano ante la CIJH, atiende actualmente demandas de Nicaragua contra Colombia por no acatar el fallo internacional en sus aguas marítimas; otra, de plataforma extendida que son las pretensiones del país centroamericano. Nicaragua debe presentar su demanda completa, esto es, la memoria; Colombia deberá aportar su contra memoria, en un proceso que comenzó en 2014 y tardará varios lustros. La CIJ está bien enterada de los primeros planteamientos colombianos. Por tanto no recibe con sorpresa el pronunciamiento jurídico de la Corte Constitucional, que no imparte ordenes de desacato del fallo de La Haya, pero si obliga a la firma de un acuerdo con el gobierno de Managua.
Concretando: El fallo no cambia los actuales límites en el Caribe de Colombia con Nicaragua, por tanto, es inaplicable. Algo de respiro para los nativos anglosajones del archipiélago de San Andrés Islas, en su mayoría, pescadores artesanales en su diario sustento.
