El proyecto busca cobrar de otra manera los impuestos en Bogotá y crea un cobro nuevo al predial para pagar el alumbrado público.
La oposición advierte que la reforma favorece a grandes inversionistas y le pasa la cuenta al pequeño comerciante.
Otros concejales la respaldan porque, dicen, moderniza el cobro de impuestos y hace más competitiva a la ciudad.
Bogotá, septiembre de 2026. News Press Service. El Concejo de Bogotá continuó hoy el debate sobre la reforma tributaria del Distrito, un proyecto que cambia la forma en que se cobran varios impuestos en la ciudad y crea un cobro adicional al predial (el impuesto a la propiedad) para financiar el alumbrado público. Durante la sesión, los concejales de los distintos partidos dieron a conocer su posición frente al proyecto.
Un grupo de concejales alertó sobre quién resultaría más beneficiado con la reforma. La concejala Quena Ribadeneira dijo que, mientras se abren beneficios para quienes tienen dinero para hacer grandes inversiones, el pequeño comerciante y el ciudadano de a pie siguen pagando los platos rotos.
La concejala Heidy Sánchez fue en la misma vía: aseguró que el proyecto le cobra más a unos sectores mientras le regala impuestos a quienes benefician al capital extranjero.
El concejal José del Carmen Cuesta cuestionó que la reforma busque atraer 78 billones de pesos de grandes inversionistas extranjeros, porque considera que esas ganancias quedarían solo en esos bolsillos.
Y la concejala Ana Teresa Bernal resumió en un «Top 10» las preguntas que, según ella, todo bogotano debería hacerse: ¿quién paga, quién se beneficia y qué le toca asumir a la ciudad?
Otro grupo de concejales pidió no dejar por fuera a la población más vulnerable. El concejal Andrés Darío Onzaga advirtió que la reforma no puede olvidar a las personas con discapacidad, los empleos inclusivos y las familias cuidadoras, y pidió tener en cuenta si la gente realmente tiene con qué pagar.
Frente a esto, los concejales Fernando López y Elkin Huertas respondieron que la reforma sí protege a los más vulnerables: López explicó que las familias de estratos 4, 5 y 6 que en realidad son pobres no pagarán el nuevo cobro del alumbrado público, y Huertas insistió en que los sectores más golpeados económicamente no serán tocados por el proyecto.
Un tercer grupo cuestionó, más que el proyecto, la confianza en la Alcaldía. El concejal Julián Uscátegui preguntó con qué confianza la gente va a pagar más impuestos si no siente que la plata se está invirtiendo bien en lo que a diario le afecta, y pidió gastar mejor antes de cobrar más. La concejala Diana Diago añadió que los bogotanos sí pagan sus impuestos a tiempo, pero que la administración no ha resuelto los grandes problemas de la ciudad. Y el concejal Leandro Castellanos reclamó que la Alcaldía no le puso atención a las propuestas que los concejales presentaron durante la discusión.
No todas las voces fueron de crítica. El concejal Germán García confirmó el respaldo de su partido al proyecto, aunque no está de acuerdo con dos artículos sobre los fondos que reciben las alcaldías locales.
Explicó que, con la reforma, el impuesto que pagan los negocios (ICA) será más sencillo de cobrar, bajará en algunos sectores y, aun así, le dejará más plata a la ciudad.
El concejal Ricardo Correa reconoció que el proyecto no le gusta a todo el mundo y es complicado, pero lo considera necesario para que Bogotá no siga atrasada frente a otras ciudades.
El concejal Óscar Bastidas se enfocó en dos beneficios puntuales: uno para tiendas, minimercados y peluquerías, que pagarán menos impuesto por sus ventas, y otro para los Cabildos Muiscas, que tendrán una tarifa especial en reconocimiento a su identidad indígena.
