Bogotá, septiembre de 2026. News Press Service. En la plenaria del Concejo de Bogotá, durante el segundo debate del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, relacionado con la reforma tributaria impulsada por la Administración de Carlos Fernando Galán, la concejala Ana Teresa Bernal presentó diez reparos frente a la iniciativa y advirtió sobre sus posibles impactos fiscales, tributarios, económicos y sociales.
Aunque reconoció que el proyecto busca fortalecer el sistema tributario, atraer inversión, generar empleo, modernizar el alumbrado público y establecer alivios para contribuyentes en mora, Bernal sostuvo que estos objetivos deben analizarse frente a las cargas que asumirían los ciudadanos y los beneficios que recibirían los grandes capitales.
“El fin no justifica los medios”, afirmó la concejala al señalar que la reforma requiere una discusión más rigurosa antes de comprometer recursos y establecer nuevas cargas para Bogotá.
Cuestionamientos al trámite y a la equidad tributaria
Uno de los primeros reparos de Bernal estuvo relacionado con el trámite del proyecto.
La concejala cuestionó la acumulación del Proyecto de Acuerdo 709 de 2026 con el 724, las reglas de radicación y sorteo, las actuaciones adelantadas mientras estaban pendientes impedimentos y recusaciones y la negativa a someter algunas proposiciones a consideración de la Comisión de Hacienda.
Según planteó, estos hechos podrían comprometer las garantías de deliberación, la autonomía del Concejo y el principio democrático.
La concejala también advirtió que la propuesta podría ser regresiva e inequitativa, al otorgar beneficios tributarios a grandes capitales del sector inmobiliario mientras incrementa cargas sobre sectores productivos, especialmente pequeñas y medianas empresas.
Recordó que el sistema tributario debe responder a los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad.
En este punto, cuestionó las tarifas propuestas para diferentes actividades económicas y señaló que sectores como el de rumba podrían enfrentar una tarifa de 19 por mil, similar a la prevista para el sector bancario.
Para Bernal, esto obliga a preguntarse si la reforma realmente distribuye las cargas de acuerdo con la capacidad económica de cada sector.
Otro riesgo señalado fue el posible uso indebido de beneficios tributarios asociados al SISBÉN. La concejala pidió controles estrictos para garantizar que las exenciones dirigidas a población en condición de pobreza lleguen efectivamente a quienes las necesitan.
Alumbrado público, ICA y beneficios para grandes inversiones
Frente a la sobretasa de alumbrado público, Bernal cuestionó que el cobro pueda estar determinado a partir del avalúo catastral y no necesariamente de la capacidad económica real de los propietarios. “El impuesto mira el ladrillo, no el bolsillo”, afirmó.
También llamó la atención sobre las diferencias que pueden existir entre el valor residencial registrado catastralmente y la riqueza territorial de sectores como Chapinero y Usaquén, donde buena parte del valor del territorio está asociada a áreas de protección ambiental y grandes equipamientos privados. La pregunta planteada por la concejala fue quién terminará asumiendo realmente esta nueva carga.
En materia de ICA, Bernal cuestionó que los mayores beneficios tributarios estén vinculados al volumen de inversión, lo que permitiría que empresas con mayor capacidad financiera accedan a exenciones más amplias y prolongadas. El proyecto contempla beneficios de hasta diez años para grandes inversiones en el entorno aeroportuario.
La concejala advirtió además una contradicción entre el discurso de reactivación económica y el aumento de cargas sobre empresas que ya están instaladas, formalizadas y generan empleo en Bogotá. “¿Estamos fortaleciendo el tejido empresarial local o creando ventajas tributarias para quienes ya cuentan con una mayor capacidad financiera?”, planteó.
Distrito Aeroportuario: ¿qué recibe Bogotá a cambio?
Uno de los capítulos centrales del debate fue el Distrito Aeroportuario de Fontibón y Engativá. Bernal cuestionó los incentivos en ICA, predial y delineación urbana para grandes inversiones y advirtió sobre posibles impactos sociales y urbanísticos.
Entre ellos señaló el riesgo de gentrificación y desplazamiento de moradores por el aumento del valor del suelo y los arriendos, así como la presión que nuevos proyectos podrían generar sobre servicios públicos, alcantarillado y corredores como la Avenida Mutis, la Calle 26 y la Calle 13.
También cuestionó la posibilidad de otorgar hasta un 100 % de exención del Impuesto de Delineación Urbana sin claridad suficiente sobre las contraprestaciones para la ciudad.
A esto se suma, según la intervención de Bernal, una posible competencia desigual entre grandes empresas que recibirían beneficios tributarios y pequeños y medianos comerciantes de Fontibón y Engativá que continuarían asumiendo sus obligaciones tributarias.
La concejala puso además en duda la relación entre el sacrificio fiscal y la generación de empleo. Según las cifras analizadas durante el debate, una inversión de $78 billones bajo las reglas del artículo 3° representaría 126.840 empleos, frente a los 215.000 proyectados en otros escenarios.
“¿Qué recibe Bogotá a cambio de este sacrificio fiscal?”, preguntó Bernal, insistiendo en que cualquier beneficio tributario debe traducirse en resultados verificables para la ciudad.
$5,08 billones comprometidos hasta 2036
Otro de los puntos de preocupación son las vigencias futuras excepcionales por $5,08 billones. Bernal advirtió que comprometer estos recursos hasta 2036 limitaría el margen de maniobra de próximas administraciones y condicionaría decisiones de gobiernos que todavía no han sido elegidos por los bogotanos.
Para la concejala, antes de aprobar nuevas obligaciones de largo plazo es necesario evaluar qué capacidad tendrá Bogotá para responder a futuras necesidades y prioridades de la ciudadanía.
“Antes de cobrar más, hay que gastar mejor”
Uno de los principales llamados de Bernal durante el debate fue a revisar la eficiencia del gasto público antes de imponer nuevas cargas tributarias.
Recordó que a la Administración Distrital se le aprobaron presupuestos de $33,2 billones para 2024, $38,4 billones para 2025 y $40,4 billones para 2026, además de $13,1 billones en cupos de endeudamiento y un nuevo crédito del BID cercano al medio billón de pesos.
“Galán quiere más impuestos para los bogotanos. Antes de discutir nuevos impuestos para los bogotanos, esta Corporación tiene la obligación de preguntarle a la Administración cómo se están ejecutando los recursos que ya han sido aprobados”, sostuvo.
La concejala pidió conocer dónde están los resultados, qué proyectos presentan retrasos, dónde existen sobrecostos y cuáles inversiones están generando resultados concretos.
“La discusión de fondo no es solo recaudar más. La discusión también es gastar mejor”, afirmó Bernal.
Pide transparencia frente a denuncias del trámite
Finalmente, Bernal manifestó su preocupación por las denuncias expuestas durante el primer debate sobre posibles acuerdos o presiones indebidas para conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma.
La concejala pidió que estos señalamientos sean esclarecidos con transparencia y que, si existe mérito, los organismos de control adelanten las verificaciones correspondientes.
“La ciudadanía tiene derecho a que este debate se desarrolle con plenas garantías de independencia, transparencia y respeto por los principios que deben regir la función pública”, concluyó.
Para Ana Teresa Bernal, el debate sobre la reforma tributaria no puede limitarse a cuánto pretende recaudar la Administración. También debe responder quiénes pagan, quiénes reciben los beneficios, cuánto le cuesta a Bogotá otorgar exenciones, qué impactos tendrán estas decisiones sobre las comunidades y las empresas y cómo se están utilizando los recursos que ya tiene la ciudad.
