Por Alberto Restán Hincapié
Bogotá, octubre de 2024. News Press Service. El equipo del gobierno salió avante en el Senado al lograr aprobar el sexto debate de la reforma al Sistema General de Participaciones.
Con esto, le restan dos debates en la Cámara de Representantes a una de las reformas institucionales más importantes de los últimos 30 años y promete cambiar la relación entre el gobierno central y las regiones.
La reforma, de iniciativa parlamentaria, terminó sumando al gobierno, como anunció el presidente Petro, luego de divisiones internas. Petro llegó tarde con su apoyo a una reforma constitucional que respalda la inmensa mayoría de la clase política.
En el camino fueron vencidos los técnicos del Ministerio de Hacienda y desoídas las críticas de los economistas más reputados del país, entre ellos, exministros de Hacienda en varias posiciones políticas y centros de pensamiento.
Se trata de una cirugía profunda a la manera en que la Constitución del 91 reparte el presupuesto en Colombia. El proyecto desafía la lógica económica y pone en primer lugar el criterio de los políticos regionales que de manera incremental han venido reclamando una mayor descentralización.
Sin embargo, genera incertidumbre por una posible crisis fiscal en los próximos gobiernos, sin que esté aún claro cómo cambian las competencias de las regiones.
Su mayor transformación es que, en un período de 12 años, aumenta los recursos totales del gobierno nacional del 24% actual, en promedio, al 39,5%.
La senadora Paloma Valencia entregó sus declaraciones a News Press Service y explicó que si se va a hacer una descentralización, lo primero que se tiene que decidir que competencias pueden tener las regiones.
Argumentó que lo que no se puede hacer es “simplemente poner una cifra que se va a trasladar como se pudiera disponer del 50% de los recursos de la nación y eso no fuera a tener efecto”.
Los aumentos serán graduales, en un período de 12 años. Antes del 2027 debe ser aprobada la ley de competencias que les de más responsabilidades a los departamentos y municipios, disminuyendo la carga fiscal para el gobierno nacional.
El principal obstáculo que superó la reforma al SGP fue la oposición de los técnicos de Hacienda.
Sus críticas coincidieron con las de instituciones como Fedesarrollo, Anif y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que advierten sobre los riesgos de una crisis fiscal y han presentado fórmulas alternativas para aumentar las transferencias regionales.
En el pasado, la tecnocracia económica del gobierno fue capaz de detener proyectos similares, como pasó en 2021, bajo el gobierno Duque, cuando el entonces senador Petro y otros congresistas de izquierda impulsaron una reforma similar.
El presidente fue el mediador en el conflicto interno entre Hacienda e Interior, que de manera insólita debatieron en público sobre la conveniencia de la reforma.
La presión de los técnicos, quienes reconocen que subestimaron la velocidad del proyecto, fue liderada por el viceministro general, Diego Guevara, y el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, el responsable de conseguir financiación para el gobierno.
Eran dos los principales argumentos de los técnicos para oponerse. Por un lado, que el crecimiento hasta el 46,5% de las transferencias hasta el 2034, como era la propuesta original, ponía en riesgo la capacidad del gobierno para pagar sus cuentas. Y, por el otro, que el aumento se hacía sin discutir las nuevas competencias que iban a asumir las regiones.
Es decir, les aseguraba más plata sin trasladarles más tareas, como encargarse de las carreteras, o de la infraestructura en salud.
