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El País
Hace 25 años una periodista colombiana fue secuestrada, torturada y violada cuando fue a hacer una entrevista en una cárcel de Bogotá. En estos 25 años, contra su propia vida, su salud y su cuerpo, ha estado luchando por conseguir justicia.
Aportó información sobre sus captores y abusadores, sobre los autores intelectuales del caso, consiguió llevarlo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Colombia porque halló “indicios graves, precisos y concordantes” de la participación estatal en las agresiones contra ella.
Creó el movimiento No es Hora de Callar y consiguió una Ley que designa medio millón de dólares anuales para prevenir ataques a las mujeres reporteras.
Jineth Bedoya ha inspirado a víctimas de violencia sexual en Colombia y América Latina y también a periodistas – porque ha seguido haciendo periodismo- a ejercer la libertad de expresión en un contexto más agresivo con las mujeres que levantan la voz.
“Agoté mi humanidad”, escribió. Y es que 25 años después su caso sigue en la impunidad. “Mi aspiración de justicia ha muerto (…) El sistema de justicia de mi país no fue diligente, ni tuvo la capacidad de resolver un proceso, que se ha denominado emblemático”, dijo esta semana en una dolorosa rueda de prensa, en la que anunció que desistía de continuar con su caso judicial.
El año pasado, por azar, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que acompaña a Bedoya desde hace más de una década, descubrió que Jesús Emiro Rivera, condenado a 40 años por su secuestro, tortura agravada y acceso carnal violento, está prófugo.
Ningún funcionario avisó a Bedoya que el Estado había perdido el rastro del hombre, lo que la deja a ella en riesgo. “Los meses posteriores a esa noticia aumentaron las amenazas”, reveló Jonathan Bock, entonces director de la FLIP.
Jineth ha contado antes en este diario que en estos 25 años ha vivido puntos de quiebre muy claros. En 2011, cuando su caso tomó fuerza y apareció el primer violador, con su nombre y apellido. “Lo identifiqué y escuché de su boca cuál era la indicación para matarme. Eso terminó en un intento de suicidio”.
Luego, durante el juicio en la Corte IDH, porque tuvo que reconstruir décadas de amenazas que afectaron su salud. Más tarde, en 2021, cuando el Gobierno de esa época la dejó sola. Y ahora. “Es la decisión más difícil tras 25 años de mi secuestro y (la tomo) ante la inoperancia de la Fiscalía”, escribió también.
Pasaron 6 fiscales generales, recordó, y ninguno siquiera llamó a pedir explicaciones los altos mandos de la fuerza pública que fueron mencionados en su caso.
En todos los momentos es el periodismo el que la ha rescatado, ha contado. “Desisto porque no quiero seguir alimentando erróneamente la ilusión de que algo pasará y en el entretanto seguir dejando de lado mi derecho a vivir”, dijo, y aclaró que no desiste a exigir seguridad ante las amenazas con las que aún la despiertan.
La defensora del Pueblo Iris Marín, que la acompañó en la rueda de prensa junto a Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres en Colombia, dijo que Jineth tiene derecho a descansar, a vivir, a que la lucha no recaiga solo en ella, en su cuerpo, como hasta ahora.
“Este es un llamado a la Fiscalía. El desistimiento no implica que cese la obligación del Estado de investigar”, aclaró Marín, mientras Jineth intentaba contener las lágrimas que rodaban, apretaba los labios como hace 25 años y tomaba aire para seguir.
