Bogotá, julio de 2026. News Press Service. La acción de las autoridades responde a las evidencias presentadas por el concejal Schiavenato, las cuales sugieren que diversos aportes económicos fueron estratégicamente fragmentados por integrantes del Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria.
El objetivo de esta maniobra habría sido eludir el límite legal del 2% del tope de gastos de campaña, umbral que, de ser superado, inhabilita a las empresas para contratar con las entidades territoriales donde el candidato resultó electo.
La investigación del concejal Angelo encontró que para la fecha de las elecciones, Mercantil Colpatria había donado $250 millones de pesos; por su parte, el Grupo Bolívar, a través de sus empresas, habría entregado $100 millones de pesos, quedando a escasos 5 millones del tope máximo para no contratar con dicha Alcaldía.
Gracias a esto, a los pocos meses después de la posesión, el Alcalde le adjudicó la administración de cerca de $3 billones de pesos, correspondientes a las pensiones y cesantías de los servidores públicos del Distrito (Foncep) al Banco Davivienda, entidad vinculada al Grupo Bolívar, y quienes en 2025 harían pública la fusión societaria con Colpatria.
El argumento central de la queja es que, al sumar los aportes de las empresas del Grupo Bolívar, junto con un aporte adicional realizado por Mercantil Colpatria (Hoy fusionada con Davivienda, miembro del Grupo Bolívar), el monto total de financiación proveniente de este grupo empresarial superaría el umbral del 2% del tope de gastos, lo cual, según el Concejal, podría activar las restricciones de contratación con el Distrito.
Al revisar la línea de tiempo de los hechos, era imprescindible hacer un llamado a las autoridades para que revisaran la coincidencia temporal entre estos aportes y la posterior adjudicación de un contrato de gran importancia financiera para el Distrito a una entidad vinculada al mismo grupo empresarial.
En este sentido el concejal celebra que el CNE haya trasladado copia del expediente a la fiscalía general de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias, investiguen posibles delitos o detrimentos al patrimonio público.
