Bogotá, agosto de 2026. News Press Service. De acuerdo con un estudio elaborado por el IDIGER, ante un hipotético sismo en Bogotá de magnitud 7,0, asociado a la falla de Fómeque, Cundinamarca, y con una profundidad de 25 kilómetros, se estiman 13.672 personas fallecidas, 124.370 heridas y pérdidas económicas cercanas a $38 billones.
Aunque se trata de un escenario hipotético y no de una predicción, el concejal Julián Espinosa, del Partido Alianza Verde, preguntó a la Administración Distrital sobre su capacidad de reacción para enfrentar una emergencia de esta magnitud.
“El IDIGER ratificó lo que ya habíamos advertido: si ocurriera un sismo de magnitud 7,0 en Fómeque, asociado a la falla de los Llanos Orientales, en Bogotá habría casi 14 mil muertos y más de 124 mil heridos”, señaló el concejal Espinosa.
Uno de los principales llamados en este debate de Control Político estuvo relacionado con la prevención y el control de las construcciones. Espinosa advirtió que Bogotá no puede limitarse a prepararse para atender un desastre, sino que debe garantizar que las nuevas edificaciones no estén creando nuevas vulnerabilidades.
Por eso preguntó cuántas obras se encuentran actualmente en construcción, con qué personal cuentan las Alcaldías Locales para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control y qué porcentaje de las obras recibe visitas durante su ejecución. Espinosa recordó además que la seguridad de una edificación depende de todo el proceso constructivo, desde los diseños, cálculos estructurales y estudios geológicos hasta la expedición de licencias, la utilización de materiales y la ejecución de las obras.
“Después del sismo que azotó fuertemente varias partes de Colombia, vimos las declaraciones del alcalde de Cali, Alejandro Eder, donde decía que edificios prácticamente nuevos tenían que ser evaluados y preguntaba por qué se habían caído. Esta es una lección que no puede ser ajena a Bogotá, porque la ciudad tiene que fortalecer sus equipos de inspección, vigilancia y control en temas estructurales”, aseguró Espinosa.
Durante el debate, Espinosa señaló que la preparación no puede medirse únicamente por la capacidad instalada de las entidades, sino por lo que Bogotá podría hacer después de que ocurra el sismo, cuando también podrían resultar afectadas las vías, hospitales, puentes, redes de servicios públicos, sedes institucionales, equipos y funcionarios encargados de atender la emergencia.
Por ello, pidió establecer cuántas personas podría rescatar y atender la ciudad y cuál sería su capacidad efectiva a las 6, 12, 24, 48 y 72 horas posteriores a un evento de esta magnitud.
En materia de atención de emergencias, el debate puso sobre la mesa la capacidad de Bomberos y del sistema de salud para responder simultáneamente a miles de personas afectadas. Se mencionaron aproximadamente 1.703 camillas de urgencias, 7.302 capacidades de hospitalización y 301 IPS con servicios de urgencias, cirugía o cuidados intensivos.
Espinosa pidió precisar cuántas de estas capacidades continuarían disponibles después del impacto, cuántas personas podrían ser rescatadas y atendidas simultáneamente y qué ocurriría si las propias estaciones de Bomberos, vehículos, hospitales, vías de acceso, equipos o personal resultaran afectados.
También preguntó por la disponibilidad de camas, UCI, quirófanos, ambulancias, medicamentos, sangre y atención prehospitalaria.
El debate también abordó la capacidad de Bogotá para manejar a las personas fallecidas y atender a quienes pierdan sus viviendas. Frente al escenario de más de 13.600 fallecidos, Espinosa pidió establecer la capacidad funeraria, de refrigeración, identificación y entrega de cuerpos.
En cuanto al alojamiento temporal, se presentó una capacidad nominal de 298.858 cupos en 96 escenarios, pero el concejal solicitó establecer cuántos de estos espacios estarían realmente disponibles, seguros y operativos después de un sismo, y cómo se garantizarían allí servicios como agua, alimentación, seguridad y atención humanitaria.
La movilidad y la infraestructura estratégica también hicieron parte de las preguntas. Una modelación presentada durante el debate para un escenario de magnitud 6,8 identificó, dentro de 959 estructuras de puentes vehiculares analizadas, tres con alta probabilidad de colapso y veinte con alto potencial de daño, además de cinco puentes peatonales.
Frente a los servicios públicos, el debate tomó como referencia una estimación según la cual, ante un sismo de magnitud 7,0, hasta el 45 % de Bogotá podría quedar sin agua y el 40 % sin electricidad.
El concejal aclaró que estos porcentajes corresponden a una referencia para dimensionar el impacto y no a una predicción, pero señaló la importancia de conocer cómo funcionaría la atención hospitalaria y la respuesta institucional si estos servicios fallaran simultáneamente.
Finalmente, Espinosa llamó la atención sobre la continuidad del Gobierno Distrital y formuló una pregunta central: ¿quién estaría en capacidad de coordinar la respuesta si las propias sedes de las entidades, los sistemas de comunicación, la movilidad o los funcionarios también resultaran afectados?
En particular, pidió información sobre las condiciones de la sede del IDIGER, construida antes de la norma de sismorresistencia, y sobre las sedes alternas, centros de mando y mecanismos de continuidad institucional disponibles para atender una emergencia de esta magnitud.
Para Espinosa, las preguntas que deben hacerse después de un desastre deben responderse antes de que ocurra.
Por ello, planteó la necesidad de que Bogotá avance hacia una prueba distrital de estrés sísmico, que permita cruzar el escenario de afectación con la capacidad residual de cada sistema, los tiempos de respuesta y las brechas existentes, así como construir un inventario único de infraestructura crítica que permita conocer las condiciones de seguridad y vulnerabilidad de las edificaciones y sistemas esenciales de la ciudad.
“La Administración debe demostrar, con cifras, responsables y tiempos, qué puede hacer realmente durante las primeras 72 horas de un sismo de alta magnitud”, concluyó Espinosa.
